Corte Suprema de Estados Unidos debate si limitar ciudadanía por nacimiento en polémico plan de Donald Trump

Donald Trump acudió este miércoles 1 de abril a la sesión de la Corte Suprema de Estados Unidos que analizará la legalidad de su orden para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que busca negar este beneficio a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

“¡Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la ciudadanía por ‘derecho de nacimiento’!”, escribió en Truth Social cerca de una hora después de abandonar la sesión.

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Esta fue la primera ocasión en que un mandatario en funciones presenció argumentos orales ante el alto tribunal. Este mismo organismo ya había fallado en junio de 2025 a favor del republicano al levantar bloqueos impuestos por tribunales inferiores a esta controvertida iniciativa.

La propuesta fue parte central de su campaña política, quien regresó al poder hace más de un año con una postura endurecida en materia migratoria. La orden ejecutiva fue firmada el mismo día de su investidura en enero de 2025, aunque enfrentó recursos legales casi de inmediato en diversas cortes estatales.

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La decisión del Supremo de escuchar los argumentos implicó revisar un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde el siglo XIX y que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

El jefe de Estado ha defendido su postura señalando que esta norma surgió tras la guerra civil para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.

La enmienda en disputa

El caso remite al precedente de United States v. Wong Kim Ark, en el que Wong Kim Ark invocó la 14.ª enmienda, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

En ese fallo, la Corte Suprema ratificó que dicha disposición, aprobada tras la Guerra Civil de Estados Unidos, garantizaba la ciudadanía a los esclavos liberados de origen africano y a sus descendientes. Desde entonces, el país ha aplicado esta norma de manera amplia a quienes nacen dentro de su territorio o jurisdicción.

Sin embargo, el aumento sostenido de inmigración irregular en las últimas décadas ha impulsado a sectores conservadores a plantear una reinterpretación del alcance de este derecho.

Existen excepciones, como los hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de tribus nativas soberanas, quienes no acceden automáticamente a la ciudadanía.

Decreto de marcha

La orden ejecutiva impulsada por Trump sostiene que quienes se encuentran en EE. UU. de forma ilegal o con visados temporales no están “sujetos a la jurisdicción” del país, por lo que sus hijos quedarían excluidos del derecho automático a la ciudadanía.

Hasta ahora, al menos cuatro instancias judiciales inferiores han considerado esta medida inconstitucional. “Para obtener la ciudadanía (...), una persona debe haber nacido tanto ‘en Estados Unidos’ como estar ‘sujeta a su jurisdicción’”, explicó el procurador general John Sauer en su defensa ante la Corte Suprema.

Añadió que “los hijos de extranjeros presentes temporalmente o de extranjeros ilegales no reúnen los requisitos porque sus padres no tienen domicilio en Estados Unidos y, por tanto, no le deben la lealtad requerida”.

Por su parte, el profesor de derecho constitucional Steven Schwinn consideró probable que el máximo tribunal mantenga la línea de las cortes inferiores. “Este es un tribunal que ha recurrido a la historia y la tradición como guía importante para comprender la Constitución”, afirmó.

“Y sería un poco sorprendente que, después de 150 años, de repente descubriéramos que hemos estado aplicando mal la cláusula de ciudadanía”, explicó para la agencia AFP.

Desde el gobierno, Sabuer también argumentó que la ciudadanía automática “proporciona un poderoso incentivo para la migración ilegal” y ha fomentado el llamado “turismo de parto”. Según datos del Pew Research Center, cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023.