Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, consolidan su poder en Nicaragua con reforma que elimina la independencia de poderes

Daniel Ortega y Rosario Murillo han consolidado su control sobre todos los poderes del Estado nicaragüense tras la aprobación de una reforma constitucional. La medida fue ratificada este jueves 30 de enero por el Parlamento, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta reforma, que ya había sido aprobada en un primer periodo legislativo, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Murillo como "copresidenta".

Con esta modificación, el Gobierno de Nicaragua coordinará los poderes legislativo, judicial y electoral, que dejan de ser órganos independientes según la nueva normativa. Organismos internacionales han expresado preocupación por el impacto que esto podría tener en las libertades políticas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre un "retroceso" en materia de derechos civiles y políticos en el país.

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¿En qué consiste la reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo?

La reforma modifica la estructura política del Estado y elimina la independencia de los poderes públicos en Nicaragua. Rosario Murillo, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidenta, es ahora reconocida como "copresidenta". La normativa establece que ambos mandatarios tendrán facultades para coordinar los diferentes órganos del Estado.

Además, la reforma extiende la duración del mandato presidencial de cinco a seis años, con aplicación retroactiva, lo que permitirá a Ortega y Murillo mantenerse en el poder hasta 2028. El Parlamento, controlado por el FSLN, aprobó la reforma de forma unánime. Murillo destacó la aprobación como un "acto de dignidad nacional" y describió a Nicaragua como un "modelo de democracia directa".

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Reacciones de la comunidad internacional sobre reforma de Ortega y Murillo

Diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado preocupación por los posibles efectos de esta reforma. Reed Brody, abogado y miembro de un grupo de expertos de la ONU, afirmó que los cambios "marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua".

La reforma también contempla el control sobre sectores clave de la sociedad civil, como la prensa, la Iglesia y las empresas privadas, con el argumento de la prevención de influencias extranjeras. Estados Unidos, que ha sancionado al gobierno nicaragüense en diversas ocasiones, es señalado en este contexto como uno de los países cuyos intereses podrían estar involucrados.

¿Cómo afecta esta reforma a las libertades políticas y civiles en Nicaragua?

La nueva Constitución incluye medidas que refuerzan la supervisión estatal sobre los medios de comunicación y organizaciones religiosas, lo que impacta la libertad de expresión. También se establece la pérdida de la nacionalidad para opositores considerados "traidores a la patria", una práctica aplicada a más de 450 críticos en años recientes.

Otro punto destacado es la creación de una "Policía Voluntaria", integrada por más de 15.000 civiles encapuchados. Este cuerpo auxiliar comenzó a formarse en enero, antes de la ratificación completa de la reforma. La medida ha sido relacionada con los eventos de las protestas de 2018, en las que civiles armados participaron en la represión de manifestantes.