Daniel Ortega prohíbe el reingreso de nicaragüenses que "representen un riesgo" para el régimen

El régimen de Daniel Ortega implementó una reforma migratoria que permite denegar el ingreso al país a nicaragüenses considerados un “riesgo”. La reforma incluye una modificación al Código Penal que establece penas de dos a seis años de cárcel para aquellos que ingresen, salgan o intenten salir de la nación de manera irregular, si se sospecha que pueden amenazar la soberanía nacional o incitar a actos terroristas en Nicaragua.

Con esta nueva legislación, el gobierno busca consolidar su control sobre la migración y limitar la salida de ciudadanos críticos de su gestión. La medida generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, que ven un intento de silenciar a la oposición.

“Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida”, sostuvo Ortega en el proyecto.

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Reforma en medio de crisis política y social en Nicaragua

La reforma migratoria se produce en un contexto de crisis política y social en Nicaragua, donde el régimen de Ortega enfrentó protestas masivas desde 2018. La represión de estas manifestaciones llevaron a miles de nicaragüenses a buscar refugio en otros países, lo que generó un éxodo significativo.

El gobierno justificó estas medidas como necesarias para proteger la seguridad nacional, pero críticos argumentan que son parte de una estrategia para mantener el control sobre la población y evitar que la disidencia se organice en el exterior. La adición al Código Penal que castiga la migración irregular con penas de cárcel plantea serias implicaciones para los derechos humanos en Nicaragua.

"Cuando la evasión de control fronterizo sea con fines de cometer delito de traición, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, la pena por imponer se aumentará en un tercio en los límites mínimos y máximos", indica la adición al Código Penal.

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¿Cuáles fueron las reacciones nacionales e internacionales?

La reforma ha suscitado reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos condenaron la medida, argumentando que viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses a la libre circulación y a buscar asilo en otros países.

A nivel internacional, varios gobiernos han expresado su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua e instaron al régimen de Ortega a respetar las libertades fundamentales de su población.