Julian Assange y la libertad de informar

El miércoles 26 de junio, Julian Assange acudió a la sala de un tribunal norteamericano, en Saipan, capital de las Islas Marianas del Norte. En el inicio de la audiencia, la jueza le recordó que estaba en territorio de Estados Unidos. Después lo interrogó sobre su acusación. “Animé a mis fuentes a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege esa actividad. Creo que la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje están en contradicción, pero acepto que es difícil ganar un caso así”, dijo Assange. Más tarde, la jueza señaló en su sentencia: “Su condena de 62 meses de prisión –ya cumplida en Reino Unido– es justa. Podrá salir de este tribunal como un hombre libre”.

Así, después de doce años de ser constantemente perseguido por el Gobierno estadounidense y de enfrentar la posibilidad de pasar su vida en prisión, Assange quedó libre. Había pasado los últimos cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Reino Unido, tras haber permanecido asilado previamente en la embajada de Ecuador de ese país. Tras ser absuelto, voló a Australia en un avión privado y llegó a Camberra cuando la noche caía. En el aeropuerto lo esperaban su esposa, Stella Assange, y sus dos hijos. Se esperaba una rueda de prensa, pero la señora explicó que su esposo “necesitaba tiempo y recuperación”.

El abogado estadounidense de Assange, Barry Pollack, ha señalado que este ha sufrido mucho en su lucha por la libertad de expresión y la libertad de prensa. “El procesamiento de Julian Assange no tiene precedentes en los 100 años de la Ley de Espionaje”, dijo a los periodistas. “Creemos firmemente que Assange nunca debería haber sido acusado en virtud de la Ley de Espionaje por haber participado en un ejercicio que los periodistas realizan todos los días”. También dejó en claro que el Gobierno de los EEUU admitió que no hay ninguna persona, en ningún lugar, que haya resultado realmente perjudicada por estas publicaciones como se afirmó durante años.

No obstante, el acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos contempla el reconocimiento de uno de los 18 cargos penales que se le imputaban desde el 2019, durante la administración de Donald Trump. Assange aceptó el delito de ‘conspiración para conseguir y publicar documentos clasificados’ que afectan a la seguridad de Estados Unidos previsto en la Ley de Espionaje de hace un siglo. Esa aceptación de haber cometido un delito ha prendido las alertas de las organizaciones que protegen a los periodistas en el mundo: lo consideran un precedente peligroso.

“La liberación de Julian Assange no deja de ser una buena noticia. Su extradición a EEUU hubiera significado –en la práctica– una “condena a muerte” y habría sentado un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en el mundo. El haber tenido que asumir responsabilidad en uno de los 18 cargos que se le imputaban (espionaje) para frenar la persecución en su contra no le termina haciendo justicia. Es bueno para él, tras 1901 días privado de su libertad, pero no garantiza condiciones seguras para los periodistas del mundo que se atrevan a denunciar crímenes de guerra –que fue lo que hizo Assange–”, señala Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) en Perú.

Como parte de la FIP, gremio global con sede en Bélgica, Zuliana ha participado de los ‘plantones’ que gremios de periodistas de todo el mundo hicieron frente a la cárcel de Belmarsh en los días previos a su liberación.

“Criminalizar el periodismo es un ataque letal a nuestra actividad. Exponer desde el periodismo y por interés público asuntos de seguridad nacional o revelar documentos clasificados bajo ningún argumento puede configurar delito. Por ello, organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas han señalado que la lucha contra la Ley de Espionaje debe continuar mientras esta sea una amenaza para los periodistas de todo el mundo”, agrega.

Una batalla de varios años

Julian Assange es ciertamente un personaje polémico. Para Estados Unidos no es un periodista sino un hacker. Hizo públicos, a través de Wikileaks, miles de documentos que tenían que ver con la actuación del ejército norteamericanos en las guerras de Irak y Afganistán, entre otros temas, entre 2010 y 2011. Por esos años fue acusado de agresión sexual en Suecia, y se refugió en Londres porque consideraba que si lo extraditaban a Suecia, este país lo entregaría a EEUU. El 2012 se asiló en la embajada de Ecuador en Reino Unido y permaneció ahí hasta el 2019, en que lo arrestó la policía británica tras retirársele la protección del asilo. Desde entonces peleó para no ser extraditado a Estados Unidos y contó con el respaldo de organizaciones de periodistas en el mundo, su defensa legal, el Gobierno de Australia y seguidores.

“Los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que los periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, consejera del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés). Esta organización, junto con otras como Reporteros sin Fronteras (RSF), la FIP y editores de diarios de todo el mundo se han pronunciado por su libertad durante años.

“Reporteros Sin Fronteras (RSF) defiende a Assange debido a su contribución al periodismo, ya que la publicación de documentos clasificados por parte de WikiLeaks ha sido fundamental para la generación de extensos reportajes de interés público en todo el mundo. Su procesamiento tendría consecuencias alarmantes para el futuro del periodismo y constituiría un golpe sin precedentes a la libertad de prensa”, dijo RSF en un comunicado reciente. WikiLeaks colaboró con reportajes de El País, The Guardian, Der Spiegel, The New York Times y Le Monde con la información obtenida.

En el Perú, Adriana León, responsable del área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), señala que Assange fue una suerte de ‘pionero’ de las filtraciones masivas y grandes revelaciones periodísticas que abarcan muchos países. Luego seguirían, por ejemplo, los Panamá Papers o el caso Odebrecht, en donde medios de información recibieron la información e hicieron sus propias revelaciones. “Ahora, que Assange acepte un delito sienta un mal precedente y es muy peligroso. Porque otros Gobiernos podrían hacerse eco de este caso y perseguir a periodistas que revelen casos gracias a documentos filtrados”, explica.

Assange, a través de sus abogados, anunció que buscará un indulto del delito aceptado porque “es una preocupación grande para el periodismo”. El pedido solo puede ser atendido por el presidente Joe Biden y es posible que sea ignorado.

Una filtración de miles de documentos

Gran parte del material que Assange y WikiLeaks hicieron públicos se consiguió gracias a la filtración del soldado y analista de inteligencia estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) sobre acciones de guerra en Irak y Afganistán.

Manning fue condenada en 2013 a 35 años de prisión. En 2017, entre sus últimas medidas presidenciales, Barack Obama le concedió el indulto y salió libre ese año.

Durante el juicio se conoció que filtró medio millón de registros de las guerras de Irak y Afganistán, y 250.00 cables diplomáticos, además del video donde un helicóptero mata a civiles.

Datos

Desde 2007, Assange es miembro del sindicato de periodistas australianos Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA).

Assange fue respaldado en su caso por el Gobierno australiano. El primer ministro, Antonhy Albanese, habló con él a su llegada a Australia.