¿Qué es Chiquita Brands, la empresa internacional que financió a un grupo paramilitar en Colombia?

Un juez confirmó que Chiquita Brands International, una multinacional estadounidense dedicada a la producción y distribución de banano, estuvo involucrada en la financiación de grupos paramilitares en Colombia. La justicia de Estados Unidos determinó que la empresa entregó más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Estos pagos se realizaron con el objetivo de obtener "seguridad privada" proporcionada por los paramilitares.

Sin embargo, Chiquita Brands argumentó que los pagos se realizaron para proteger a sus trabajadores de extorsiones y amenazas. Mientras que el abogado de las víctimas afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al financiar el paramilitarismo, a pesar de estar al tanto de los crímenes cometidos por estos grupos.

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¿Qué es Chiquita Brands, la empresa que financió a un grupo paramilitar en Colombia?

La empresa estadounidense, fundada en 1870, tuvo una larga trayectoria en el mercado colombiano hasta que cesó sus operaciones en 2004. Muchos de los eventos en los que estuvo involucrada marcaron la historia del país, como la Masacre de las Bananeras, cuando aún operaba bajo el nombre de United Fruit Company. En 1899 tras la fusión de Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria de Minor C. Keith, la compañía fue partícipe de la matanza de sus trabajadores por el Ejército Nacional para acabar con una huelga organizada por el sindicato de empleados.

Después de quebrar en la década de 1970, la compañía se reorganizó como Chiquita Brands International. Su filial en Colombia se involucró con el paramilitarismo a finales de la década de 1990, un patrocinio descubierto por las autoridades en 2004.

Tras 17 años de litigio, iniciado en 2007 por una serie de demandas civiles presentadas por nueve víctimas, la compañía confesó ese mismo año haber realizado dichos pagos entre 1997 y 2004. Los registros muestran que los altos directivos en Estados Unidos estaban al tanto de los pagos hechos a la AUC por la filial colombiana.

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Aunque Chiquita fue condenada a entregar 38,3 millones de dólares a las víctimas por su financiación a las autodefensas, la compañía alegó que los pagos se hicieron para proteger a sus empleados, algo que las autoridades no pudieron comprobar.

La empresa, con presencia en casi 70 países y empleando a alrededor de 18.000 personas, mantuvo durante todo el proceso que los pagos fueron resultado de presiones y extorsiones. Sin embargo, los testimonios de las víctimas y los miembros de las AUC refutaron las afirmaciones de la multinacional.