En últimos meses, las polémicas medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han provocado opiniones divididas sobre la idoneidad de su plan para combatir una de las principales problemáticas de su país: la inseguridad. Por ello, se implementó un régimen de excepción juntó al denominado control territorial, con el cual se habría conseguido reducir las cifras de los homicidios en un 57% en 2022.
No obstante, distintas organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han señalado haber recibido más de 7.900 denuncias de atropellos por detenciones arbitrarias.
En este sentido, La República conversó con el analista internacional Ramiro Escobar sobre el impacto que las medidas de Nayib Bukele pueda generar a nivel internacional, así como la fuerte reacción que estas han producido en una región golpeada por la desigualdad.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde el 2019. Foto: AFP
De acuerdo al internacionalista Ramiro Escobar, Nayib Bukele está en la mira de la sociedad no por sus tendencias políticas, en la que nunca se ha definido como de izquierda o derecha, sino por las medidas que está tomando, las cuales están configurando un autoritarismo notorio en El Salvador.
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En este sentido, un informe de Human Right Watch señala que 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños y niñas, fueron apresados durante el régimen de excepción. De este grupo, se capturó a cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas. En muchos casos, las detenciones parecen haber estado basadas en la apariencia y en el lugar de residencia de los afectados.
En El Salvador, se ha denunciado la detención arbitraria de personas inocentes. Foto: AFP
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"Como es un tipo que no quiere perder su imagen de hombre eficaz, quiere demostrar que está manejando el problema (seguridad) y que es eficaz en su control contra la delincuencia. Sin embargo, en el camino ha hecho una serie de atropellos que lo están perfilando como un gobernante autoritario", señala Escobar.
Este fue el caso de un profesor de 45 años, quien fue detenido sin justificación en su negocio de taxis. Antes de ingresar en el penal de Izalco, los agentes lo obligaron a permanecer arrodillado en el piso por cerca de dos horas, bajo el sol, y a hacer 25 sentadillas desnudo. Contó a HRW que los guardias de la prisión le dijeron “bienvenido al infierno”.
El presidente Nayib Bukele durante una visita de inspección a la prisión recién inaugurada. Foto: AFP
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El último 23 de febrero, se hizo pública una acusación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos contra dos altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, quienes habrían negociado con la conocida pandilla de los Mara Salvatrucha (MS-13) la reducción de homicidios cometidos por la organización criminal a cambio de beneficios para sus cabecillas durante los años 2019 a 2021.
Esta denuncia, que fue advertida por el medio de investigación El Faro, se da en medio de un repunte de violencia, por tanto, Escobar considera que Bukele está buscando aminorar este panorama con gestos públicos contra la delincuencia. "Es como si algo se hubiera quebrado en ese presunto acuerdo entre el Gobierno y los Maras Salvatruchas, y eso es lo que ha ocasionado que él otra vez endurezca la política de seguridad", indica.
Osiris Luna y Carlos Marroquín, funcionarios de Bukele que habrían pactado con los Maras Salvatruchas. Foto: Urbano News
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A pesar de que las acciones de Nayib Bukele como presidente de El Salvador han causado rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de los Estados Unidos o Colombia, la reacción de la sociedad, sobre todo de la Latinoamérica, ha sido positiva. "Digamos que hay varias personas que lo admiran. Ahora dicen: 'Ya no necesitamos un Pinochet, sino un Bukele’", comenta.
Por ello, la creciente ola de inseguridad en América Latina, que no es atendida como se requiere, ha originado que acciones como las del presidente salvadoreño sean aceptadas por parte de la sociedad sin medir las consecuencias de estas, explica Ramiro Escobar.
El problema de la delincuencia en América Latina se ha buscado atender como un tema policial y no social, Foto: EFE
Asimismo, la falta de reconocimiento por parte de las autoridades al no tomar a la delincuencia como problema social, sino como policial, genera que este se mantenga. "Los políticos deberían ser lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo planes donde no se violenten los derechos humanos y que su vez estos sean eficaces contra la delincuencia", comenta.
Algunos países en referirse a las polémicas medidas de Nayib Bukele han sido Estados Unidos y Colombia. El primero le recordó que tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, así como respetar los derechos humanos y el debido proceso. Mientras que el segundo criticó las medidas, ya que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la prisión de máxima seguridad de El Salvador es realmente un "campo de concentración".
"Creo que esto está llamando la atención de algunos gobiernos, quienes están preocupados por las medidas autoritarias de Bukele", indica Ramírez sobre estas reacciones.
Protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele en 2021. Foto: EFE
En tanto, ante la denuncia de organismos internacionales, El Salvador podría enfrentarse a distintas consecuencias si es que se prueba la vulneración de derechos humanos por parte del Gobierno. "Lo que Estados Unidos podría hacer es no dejar entrar a algunos miembros del Gobierno, o bloquear algunas cuentas. Si la situación se agrava, podría haber algunas reuniones de la OEA, que podría generar que se envíe alguna misión o se genere alguna sanción. Así que Bukele está corriendo esos riesgos", precisa.
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La directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, señaló este jueves en Twitter que, "detrás" del traslado de "detenidos" a una nueva prisión, el Gobierno de El Salvador "esconde negociaciones" con pandillas.
"Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el Gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder", publicó Taraciuk. La autoridad apuntó que, "más que imitar el modelo, la región debe preocuparse por sus consecuencias".
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
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Estados Unidos señaló que el Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, así como respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Esta fue la respuesta de un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por la agencia EFE sobre la reciente inauguración y traslado de 2.000 supuestos pandilleros a la polémica prisión de Bukele el último viernes, recinto que es considerado como "la cárcel más grande de América".