Por: María Angélica Troncoso. EFE
El proceso por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil tuvo un nuevo capítulo con la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro y acusado de estar vinculado al intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Torres es acusado de “presunta omisión” por las autoridades, pues era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales, sin mayor resistencia policial, asaltaron el domingo pasado las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia.
El exministro fue arrestado en la mañana del sábado por la Policía Federal en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, donde estaba de vacaciones. Torres rindió indagatoria, pero el contenido de sus declaraciones se mantendrá bajo sigilo.
El exministro asumió el comando de la seguridad de la capital del país el 2 de enero y cinco días después, y sin explicaciones, se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en Brasil cuando se produjeron los disturbios.
No obstante, la posibilidad de que se registraran ataques por parte de radicales fue advertida por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) el 6 de enero, un día antes que Torres abandonara el país.
A la acusación de posible omisión se suma un polémico documento encontrado en su residencia durante un allanamiento ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, en la misma sentencia en la que determinó su arresto.
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Se trata del borrador de un decreto presidencial que habría permitido al ahora expresidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula.
Videos divulgados en las redes sociales también han dejado ver la presunta connivencia de uniformados en los vandálicos, algo que también sospecha hasta el mismo Lula. En el mismo tono se pronunció este viernes Flávio Dino, actual ministro de Justicia.
En la mira. Han sido detenidas más de 1.800 personas y se han abierto siete investigaciones contra políticos y empresarios acusados de incentivar o financiar a los manifestantes. Entre ellos figura el expresidente Bolsonaro, quien se encuentra en EEUU.