México: exprocurador a la cárcel por muerte de 43 estudiantes

El caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en 2014, vivió el viernes su más fuerte remezón, con la captura del responsable de las cuestionadas investigaciones, y la emisión de órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen.

El ex procurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

Horas después, la FGR informó de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel ‘Guerreros Unidos’, presuntos ejecutores del crimen.

Después de ser arrestado, el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam llegó la mañana de este sábado al Reclusorio Norte de la capital mexicana, donde tendrá su primera audiencia ante un juez por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero (sur). Fue procurador durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre del 2000.

Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.

“Verdad histórica”

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes, a quienes confundieron con una banda criminal y los entregaron a sus supuestos enemigos del cartel ‘Guerreros Unidos’, que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula y tiraron los restos en el río San Juan.

La gestión del presidente mexicano Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.

La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del Gobierno.

La masacre de Ayotzinapa es un episodio que constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.

Castigo para este “crimen de Estado”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abogó por castigar a militares y funcionarios involucrados en la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

“Dar a conocer la verdad y castigar a los responsables fortalece las instituciones”, dijo el mandatario izquierdista, luego de que se conociera el reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.