Restricciones con el efectivo y censura de prensa en Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto en el que se prohíbe sacar del país más de 10.000 dólares en efectivo o su equivalente en otras divisas, entre otras medidas para garantizar la estabilidad financiera del Estado.

Además, el decreto establece una serie de restricciones a los residentes para operaciones con extranjeros vinculados con “países que adoptan acciones inamistosas contra ciudadanos y personas jurídicas rusas”.

En particular, los residentes deberán recibir autorización gubernamental para conceder créditos o realizar transacciones que impliquen cambios en los derechos de propiedad de valores y bienes inmuebles con esa categoría de extranjeros.

Estas restricciones no se extienden a las operaciones del Banco Central de Rusia y de los órganos gubernamentales, subraya el decreto que encarga al Ejecutivo elaborar en un plazo de cinco días el procedimiento para la concesión de las autorizaciones.

Según el Gobierno de Rusia, el país tiene el suficiente potencial para hacer frente a las severas sanciones occidentales en repuesta al comienzo de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero.

Censura de prensa

El regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, bloqueó las emisiones y las páginas web de la radio Eco de Moscú y el canal de televisión Dozhd, ambos medios críticos con el Kremlin.

La decisión de Roscomnadzor obedeció a una exigencia de la Fiscalía General de Rusia, que acusó a los medios de publicar de manera deliberada y sistemática “llamamientos a acciones extremistas, a la violencia, e informaciones falsas sobre las acciones de los militares rusos en la operación especial”, en Ucrania.

Tanto el canal opositor Dozhd, declarado “agente extranjero” por las autoridades rusas, como la emisora Eco de Moscú son unos de los pocos medios que dan tribuna a los opositores a las políticas del presidente ruso, Vladímir Putin.

El director de Eco de Moscú, Alexéi Venedíktov, anunció que recurrirá a la decisión del regulador, que consideró “la implantación de censura, que está prohibida expresamente por la Constitución”.