Condenan al primero de 22 profesores por el abuso sexual de 22 niñas indígenas en Guatemala
Para María Pineda, coordinadora de DD. HH. y Atención a la Víctima, la sentencia “es decirle que sí le creímos a la víctima”. Otros tres casos se sitúan en la fase final del juicio, a la espera de una resolución favorable para las menores.
Un tribunal de feminicidio de Guatemala dictó este martes la primera sentencia condenatoria contra uno de los 22 profesores y trabajadores del Ministerio de Educación acusados de abuso sexual contra 22 niñas durante los últimos años en el norte del país.
La histórica sentencia determinó 27 años de prisión inconmutables por los delitos de violación sexual y agresión sexual para Armando Filiberto Vaidez Juárez, alias ‘El Profe’, por haber abusado sexualmente de una menor indígena de 15 años de edad.
Según las pesquisas validadas por el tribunal, Vaidez Juárez ejerció su poder local como director de Coordinación Departamental de la cartera educativa y atacó a la menor entre 2018 y 2020.
El sentenciado es el primero de 22 maestros del sistema público acusados por 22 abusos sexuales de niñas mayas q’eqchi’ y poqomchi, todas representadas por el Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista.
Lilian Vásquez, representante de la entidad y por tanto jurista de las 22 menores abusadas, no dudó este martes en mostrar su emoción porque “hay esperanza para todas las niñas que han sido víctimas” y agradeció a las familias por permitirle “ser la voz técnica y un eslabón en la justicia”. “Nos debemos a ellas, queremos y creemos que las escuelas deben de estar seguras”, remarcó.
‘Marcela’, la madre de la agraviada y quien figuró como testigo durante el proceso penal, dijo a la Agencia EFE que espera que el agresor cumpla el máximo de prisión por sus delitos y que como medida de reparación se le brinde asistencia psicológica a su hija y a ella.
La familia contó que después de los abusos, el carácter de la menor cambió a triste y silencioso. También mencionó que temen por su salud y estado de ánimo, que cada día se deteriora a sus escasos 15 años.
Los otros casos
Los primeros en recibir y escuchar a las niñas abusadas fueron los trabajadores de la Comunidad Nueva Esperanza, un proyecto educativo que busca ayudar a menores en riesgo dentro del departamento de Alta Verapaz, ubicado en el norte de Guatemala, específicamente a 250 kilómetros de la capital del país.
Además de esta sentencia en contra de ‘El Profe’, otros tres casos se sitúan en la fase final del juicio, a la espera de una resolución favorable para las niñas y adolescentes.
Dentro de las 22 menores abusadas por los maestros se encuentra otra víctima, quien acaba de cumplir 18 años. Ella fue abusada durante dos años en su escuela y su caso es el siguiente en la lista para concluir y alcanzar una sentencia en octubre próximo.
Para María del Rosario Pineda, coordinadora de DD. HH. y Atención a la Víctima, la sentencia “es una dosis de confianza, como echar una semilla en la tierra y regar con las primeras gotas de agua de algo nuevo que está resurgiendo”.
La condena, añade Pineda, es “haber hecho justicia, es un acto de prevención, es decirle que sí le creímos a la víctima”.
De igual forma el padre Sergio Godoy, director del proyecto Comunidad Nueva Esperanza, señala que la cultura del silencio en Guatemala y la corrupción han permitido casos como los de las 22 niñas.
”Hay casos en los que el agresor tiene un cierto ascendiente, entonces se tiende a callar y buscar un pacto de silencio entre la víctima y el agresor. En el caso de los maestros, sus únicas represalias fueron traslados a otros espacios laborales. Pero en el caso de la violencia intrafamiliar, tendía a ser acallada totalmente”, aseguró Godoy.
Durante los primeros siete meses de 2021, la Fiscalía guatemalteca había registrado casi 37.000 casos de violencia contra las mujeres, además de 5.389 denuncias de maltrato contra la niñez y 5.072 agresiones sexuales contra mujeres.
Además, el país centroamericano registra un promedio diario de 237 denuncias de agresiones contra niñas y mujeres, según datos del sistema de justicia guatemalteco.
