La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su “diagnóstico integral” sobre el respeto de los derechos humanos en Brasil hasta diciembre de 2019, donde se evidencia un grave deterioro desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia.
“La CIDH destaca su preocupación por la desestructuración progresiva de instituciones y políticas públicas construidas durante más de dos décadas”, señaló la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una videoconferencia.
El informe no toma en cuenta la pandemia en Brasil; sin embargo, Urrejola destacó que la emergencia sanitaria “ha evidenciado de manera exacerbada las debilidades estructurales en derechos humanos de los estados”.
De acuerdo al comisionado Joel Hernández, relator para Brasil de la CIDH, el país atraviesa por una extrema desigualdad basada en la discriminación contra grupos vulnerables (mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos, comunidad LGBTI) que están expuestos a la violencia y trata de personas.
De acuerdo al reporte, existe un cifra alarmante de feminicidios que quedan impunes. Además, desde la elección de Bolsonaro se han detectado un “aumento de los crímenes de odio”. La comisión señaló que los discursos nocivos provienen de “autoridades y políticos electos, los cuales deberían estar empeñados en la construcción de un ambiente de tolerancia y respeto”.
Joel Hernández llamó la atención sobre la impunidad que existe en el sistema de justicia, por lo que muchos casos de tortura y desapariciones de la dictadura cívico-militar (1964-1985) siguen impunes.
“La Comisión deplora la impunidad y denegación de justicia que existe en Brasil”, dice el informe.
La CIDH resaltó las situación que vive la población migrante (venezolanos, haitianos, bolivianos y sirios), quienes son vulnerables por “deficiencias en la implementación de las normas sobre la discriminación y la xenofobia”.