Argentina: autoridades indemnizarán a recluso con $ 11.000 tras ser atacado dentro de penal
Los custodios le dispararon nueve balas de goma en las piernas, además de un golpe con el arma en la cabeza. En el lugar también perdió la visión del ojo izquierdo.
Una indemnización recibirá un convicto en la localidad de Mendoza, Argentina, luego de que fuera víctima de dos violentos episodios dentro de un establecimiento penitenciario.
Según información brindada por Telefe Noticias, el hombre de 21 años fue golpeado y baleado por agentes carcelarios durante una revuelta ocurrida en el 2016. Días después perdió la visión de un ojo al ser atacado por otro interno.
Los hechos ocurrieron el 2 de agosto cuando los efectivos intercedieron ante el tumulto entre detenidos del complejo San Felipe. Durante la reyerta, los custodios efectuaron disparos con balas de goma. De acuerdo con el demandante, se escondió debajo de unas escaleras hasta que fue detectado por un uniformado quien le disparó.
El recluso recibió nueve impactos de posta de goma en las piernas, además de un golpe con la pistola en la cabeza. Momentos más tarde, los guardianes lo obligaron a firmar unos papeles afirmando que otros reclusos le habían provocado las lesiones bajo amenaza de mandarlo al pabellón de castigo.
El hombre fue golpeado y baleado por agentes carcelarios durante una revuelta en el 2016. (Foto: Telefe)
Luego de la serie de agresiones, un interno le lanzó una piedra con una honda dejándolo ciego del ojo izquierdo. Al presentar la denuncia civil, el reo apuntó contra el Gobierno provincial por su falta de servicio.
Desde el Ejecutivo respondieron que el procesado pertenecía a un grupo conflictivo que violó varias veces las normas carcelarias y que, además, tiene una “deuda con la sociedad”. En su fallo los jueces remarcaron que si bien el demandante firmó un acta donde decía que la lesión en su ojo la sufrió al golpearse contra el camastro de su celda, la pericia médica indicó que es irrazonable que se haya producido de esa forma.
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Abonaron la versión de que pudo haber realizado su declaración “bajo coacción y con miedo a recibir castigos mayores”. El fallo fue confirmado en segunda instancia y, en caso de quedar firme, el Estado provincial deberá hacer frente a la indemnización de 850.000 pesos más intereses legales (alrededor de 11.000 dólares americanos).
