
El jueves 10 de septiembre, la ciudad de Denver junto a diversas organizaciones latinas que defienden los derechos civiles de los inmigrantes interpusieron una demanda contra el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y la administración de Donald Trump, acerca de la importancia de proteger los derechos de los extranjeros.
De acuerdo con los informes de la prensa internacional, la finalidad de esta demanda es frenar la autorización para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan realizar detenciones migratorias en los centros de votación.
Denver acaba de presentar la demanda, pese a que el secretario del DHS ya había desmentido que su agencia vigile los centros durante las próximas elecciones. Como se recuerda, la autoridad indicó que los agentes estarán presentes si hay una "amenaza para ese centro de votación" o si "estamos ejecutando una orden judicial".
Ante ello, la ciudad tomó una medida legal, tal y como lo reveló el medio 'New Republic', en el que se argumenta que esta postura infringe el artículo 592 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, una normativa de la época de la Guerra Civil que prohíbe a las fuerzas armadas patrullar los lugares de votación.
Por su parte, el alcalde de Denver, Mike Johnston, indicó a través de un comunicado que "el derecho al voto, y a ejercerlo sin temor a la intimidación, es fundamental para nuestra democracia y para ser estadounidense". Asimismo, agregó que la presencia de estos agentes del ICE en los centros de votación tiene la intención de intimidar a los ciudadanos y suprimir su participación electoral.
La demanda presentada indica que la intervención de fuerzas federales en estos espacios interfiere con la administración adecuada de las elecciones, generando un ambiente de confrontación, lo que dificultaría el trabajo de los funcionarios electorales.
La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, afirmó que "enviar agentes armados del ICE a los centros de votación no es hacer cumplir las leyes de inmigración, sino supresión del voto, simple y llanamente".
Además, Murguía aseguró que todos los estadounidenses, incluidos los votantes extranjeros, poseen el derecho constitucional de votar sin temor a ser interrogados o separados de sus familias, destacando la importancia de proteger a los votantes y mantener la confianza en el proceso electoral.





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