
El gobierno de Donald Trump estudia poner en marcha una nueva táctica para cobrar multas migratorias a extranjeros que ya salieron de Estados Unidos. Con este mecanismo, las autoridades podrían ubicar a personas que abandonaron el país pero todavía mantienen deudas con el sistema migratorio. Así, buscarían localizar su paradero y tramitar el pago de las sanciones, aunque ya no residan en territorio estadounidense.
La nueva medida alcanzaría tanto a los extranjeros legales como a los indocumentados que se fueron de Estados Unidos sin haber cumplido con algunas obligaciones económicas ante el Gobierno americano. Inicialmente, las autoridades evaluarán sus operaciones en México, Honduras y Guatemala, con la posibilidad de ampliar posteriormente el programa a otros países.
Uno de los casos que refleja esta situación se debe a Claudia, quien posee una deuda de US$1,8 millones impuesta por las autoridades de inmigración. Por ello, y ante la imposibilidad de pagar ese monto, decidió irse de Estados Unidos y regresar a México a través del programa CBP One.
Luego, descubrió que al abandonar el país no eliminaba la deuda. "Estoy viendo en las noticias que no le quitan la deuda", contó a N+ Univision, al enterarse de que la obligación permanece vigente hasta que sea pagada.
De acuerdo con la información difundida, hasta el mes de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría acumulado más de US$84 mil millones en multas contra inmigrantes acusados de no haber abandonado Estados Unidos. Esta cifra representa el monto total de las sanciones y no quiere decir que cada persona deberá pagar esa cantidad.
El gobierno podría recurrir a agencias privadas de investigación registradas en Estados Unidos y con gran capacidad para encontrar personas en el extranjero. Los expertos tendrán que identificar a los deudores y también verificar su ubicación.
Entre las tareas previstas estaría documentar sus viviendas y lugares de trabajo a través de fotografías para así confirmar su identidad y ubicación. Una vez localizada la persona, los investigadores tendrán que orientarla hacia 'pay.gov', la plataforma oficial utilizada para realizar determinados pagos al Gobierno estadounidense.
El proyecto piloto iniciará en México, Honduras y Guatemala, por lo que las empresas contratadas tendrán que demostrar que poseen los recursos necesarios para operar en esos territorios. La finalidad es que los inmigrantes que abandonaron el país continúen enfrentando obligaciones económicas incluso luego de volver a su territorio de origen.
Por último, el alcance del programa dependerá de su implementación y también de las normas vigentes de cada país. Por el momento, las autoridades estadounidenses buscan crear un mecanismo que permita rastrear a inmigrantes que tienen multas pendientes y además exigir el cumplimiento de sus deudas más allá de las fronteras de Estados Unidos.

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