Las denuncias por corrupción contra gobernadores y alcaldes son graves. Hay casos como del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, que formó una red para apropiarse de dinero del municipio. El alcalde de Chilca fue puesto en el cargo por una organización criminal y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, ha sido condenado a 16 años. Hay casos donde actuaron en conjunto, como en Áncash, donde el presidente regional César Álvarez cometía irregularidades junto a los alcaldes de Nuevo Chimbote y Chimbote. Los tres están presos. Waldo Ríos está en prisión por delitos cometidos cuando fue alcalde. Son organizaciones políticas que terminan convirtiéndose en grupos criminales para aprovechar de recursos del municipio. Creo que están fallando los mecanismos de la Contraloría. Los casos más sonados son conocidos por la prensa u organizaciones de la sociedad civil. Los consejeros y regidores tampoco controlan. Se podría cambiar la ley para que los regidores tengan mayores atribuciones de fiscalización o responsabilidad de la ciudadanía.
