Urgencia. Advierten que se necesita una nueva legislación ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, pues solo queda año y medio para desarrollar un real debate a fondo.,La Asociación Civil Transparencia y el Jurado Nacional de Elecciones exhortaron al Congreso de la República a que asuma con mucha responsabilidad la reforma electoral e inicie pronto el debate ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales. PUEDES VER: Reforma electoral frena la euforia de los revocadores Durante el seminario “Reforma electoral en marcha” realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, señaló que los partidos políticos y los procesos electorales son dos pilares fundamentales de la democracia, por lo que el JNE junto a Transparencia y otras organizaciones han trabajado una iniciativa con 32 propuestas. Entre otros, tienen que ver con leyes de partidos políticos, financiamiento, democracia interna e impedimentos para ser candidato. Del conjunto de propuestas, resaltó las referidas a partidos políticos, democracia interna con elecciones partidarias simultáneas en las que se respete el principio "un militante, un voto". Anotó la importancia de la participación de los organismos del sistema electoral en las elecciones internas, de modo que Reniec apruebe el padrón de los afiliados, ONPE organice y lleve adelante el proceso electoral, y el JNE fiscalice los procesos y dirima o aplique justicia electoral. También resaltó el tema de la regulación del financiamiento de los partidos y de las campañas políticas, así como hacer realidad el financiamiento público directo; es decir, que el Estado proporcione una suma de dinero para que los partidos políticos puedan asumir sus costos en educación cívico-democrática. Este financiamiento público directo, que ya debe hacerse realidad el 2017, debería coexistir con el financiamiento privado debidamente regulado. "El objetivo de la ley en la forma que lo hemos planteado es eliminar la posibilidad del flujo de dinero sucio a la política, que no pueda filtrarse dinero del narcotráfico y del lavado de activos", precisó Francisco Távara. En esta línea, sostuvo que los aportes sean bancarizados y que los aportantes –personas naturales o jurídicas– estén debidamente identificadas junto a los ingresos señalados por el tesorero del partido. También anotó la necesidad de topes en los aportes. Por su parte, el ex canciller y presidente de Transparencia, Allan Wagner, en declaraciones a una emisora local, señaló la urgencia de iniciar la reforma electoral frente a la proximidad de los comicios regionales y municipales del año 2018. Recordó que queda un año y medio para polemizar a fondo el tema y mejorar la legislación en esta materia. Consideró importante que dentro de la Comisión de Constitución del Congreso se haya creado un grupo de trabajo dedicado a revisar lo que se ha avanzado al respecto. Wagner también refirió que Transparencia ha venido trabajando un conjunto de reformas institucionales sobre administración de justicia, transparencia en el sector público y mejoras en el funcionamiento del Congreso. Mañana se inicia labor del grupo especial de Comisión de Constitución Este miércoles a las cinco de la tarde se reunirán por primera vez los tres congresistas integrantes del grupo especial conformado dentro de la Comisión de Constitución del Congreso, con el propósito de llevar adelante la reforma electoral pendiente. Este grupo de trabajo está conformado por los parlamentarios Patricia Donayre (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos Por el Kambio) y Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso). De hecho, en el Parlamento también van surgiendo nuevas propuestas legislativas vinculadas con el tema electoral. Tal es el caso del proyecto de ley Nº 14, presentado por el fujimorista Segundo Tapia Bernal, quien propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las causales de vacancia de las autoridades regionales. Con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular, el legislador plantea incluir como causal de vacancia de los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales la inasistencia injustificada a las comisiones del Congreso.
