El 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de Ríos, ex convicto de corrupción. El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las políticas de transparencia pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas públicas ilegales que ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo criminal liderado por César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque menos organizadas, definen una forma de gestionar los bienes públicos y las relaciones del poder con la sociedad. Nunca como luego del asesinato de Nolasco se llevó a cabo en Áncash una denuncia tan indignada y detallada del poder venal. Los ciudadanos se enteraron de las actividades ilegales organizadas alrededor del Movimiento Regional Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una red que sedujo a la justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. Los reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones judiciales y del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción inédito. Esa movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue más indignación que acción; no significó la formación de alianzas para recuperar el sentido creador de la gestión pública en ese territorio, ni implicó cambios en la oferta política a los ciudadanos. Situada esta movilización en una etapa de dura resistencia a los cambios, no se benefició de una reforma electoral sencillamente porque esta fue burlada. Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a 4 años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para pasarse a la bancada fujimorista el año 2000. De retorno a las canchas, formó el Movimiento Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales del año 2014 prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos del canon minero, del presupuesto de la región de las provincias y de los distritos para que los ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas, televisores, laptops, bicicletas, y juego de dormitorio”, tal como rezaban sus consignas de campaña. Por supuesto que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos y burlados– realizaron en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete. Luego, el gobierno de Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora prisión por un delito cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene varias causas abiertas por su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique Vargas, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por mentir en su hoja de vida. En Áncash la corrupción es más institucional que la política, y es más competitiva que ella, especialmente más que los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014 compitieron 18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no sumaron ni el tercio de votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el de Ríos, Puro Áncash, el 13.6%. Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 17% de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. Entre los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de votos, y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de las 17 restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. http://juandelapuente.blogspot.pe/
