@gfaveron Por un rezago colonial, el Estado financia a la Iglesia con salarios y excepciones tributarias. Hasta que esos privilegios sean desmontados, los organismos supervisores del uso del dinero público deben prestar atención a las actividades de esa Iglesia y sus líderes. El cardenal Juan Luis Cipriani ha sido acusado de cosas que a cualquier funcionario le habrían hecho perder el cargo hace mucho tiempo. El Estado no puede removerlo de un puesto eclesiástico, pero sí puede investigarlo como a cualquiera, más aun si ese Estado sufraga sus gastos y subvenciona las operaciones de la entidad que encabeza. ¿Investigar qué? El rol de Cipriani en Ayacucho durante los años del conflicto interno. Su papel de promotor de la dictadura fujimorista. Su conexión con Montesinos, Fujimori y la oficialidad de las Fuerzas Armadas en tiempos de crímenes contra la humanidad. Su empeño por desestimar distintos casos de violaciones de derechos humanos, como las desapariciones y las esterilizaciones forzadas. El encubrimiento de casos de pedofilia. Los vergonzosos plagios. La naturaleza de su espacio radial, rara vez utilizado para la labor pastoral y convertido en un parlante político de ultraderecha. Todas las instancias en las que dinero proveniente del Estado haya servido para cualquiera de las cosas anteriores. Y, por último, en qué negocios privados se invierte ese dinero y qué alianzas se forman debido a esas inversiones.
