La muerte de cuatro soldados en la playa Marbella nos recuerda que, en ocasiones, lo que se entiende por rigor militar puede exceder los límites y acabar en tragedia. Nos olvidamos que es deber del Estado proteger la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y eso incluye a los militares.,Sin dudas ni murmuraciones,El pasado 7 de marzo, el soldado Efraín Lupaca Calderón (23) escapó vestido de civil del cuartel Miculla, de Tacna, adonde había ingresado solo dos semanas antes a cumplir su servicio militar voluntario. Su fuga fue accidentada. Su instructor lo alcanzó y en el forcejeo lo golpeó y le rompió las ropas. Lupaca logró subir a una minivan, donde fue interceptado por más efectivos, que fueron expulsados por los pasajeros. Luego, se refugió en un gimnasio, donde otro contingente trató, infructuosamente, de llevárselo. Horas después, asustado por las amenazas de que sería procesado, el soldado volvió al cuartel acompañado de un familiar y firmó una declaración en la que afirmaba que se iba por voluntad propia, que gozaba de buena salud y que nunca había sido víctima de ningún maltrato físico ni psicológico. PUEDES VER Fiscalía recreó los hechos que dieron muerte a cuatro soldados en playa Marbella Lupaca contaría después que durante las dos semanas anteriores había sido golpeado e insultado por su monitor ante la anuencia de su instructor. Un día después, el 8 de marzo, el soldado Nixon Fernández Navarro (22) fue agredido en la cabeza con una piedra por un suboficial del cuartel Fuerte Arica, también en Tacna. Fernández había llegado tarde a un ensayo por estar estudiando. El suboficial habría ordenado a otros militares que también lo golpearan con un palo. El soldado terminó en el hospital con traumatismo encéfalo craneano y una crisis paroxística de tipo cístico. Ese mismo día, otro soldado llegó al área de Trauma Shock del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Llegó con el uniforme mojado y un cuadro evidente de hipotermia. Al rato llegaron unos efectivos y se lo llevaron. Días después su familia recibió una declaración jurada con su firma en la que aseguraba que nunca había sido maltratado en el cuartel. Tres casos en un mismo día y en una misma región. Tres casos documentados por la ONG Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Puede tratarse de una coincidencia. O puede que sean una prueba de que los episodios de abuso de autoridad en las Fuerzas Armadas son más comunes de lo que todos creemos. La reciente tragedia en la playa Marbella, en el distrito limeño de Magdalena del Mar, aún está en investigación, pero ha devuelto al debate un tema que ya parecía olvidado: cómo, en ocasiones, lo que se entiende como rigor, severidad y disciplina militares puede cruzar las líneas que los separan de la irresponsabilidad o del abuso. Es verdad que no estamos como en el 2002, cuando la Defensoría del Pueblo registró 174 denuncias contra la integridad física de los reclutas, de las cuales 118 fueron por torturas y 56 por muertes. Pero, según instituciones como la Comisedh, que no haya tantas denuncias no significa necesariamente que haya menos abusos en los cuarteles. Las abogadas Dania Coz y Jackeline Saca sostienen que la violencia está institucionalizada en la vida militar. Y que cambiar eso tomará tiempo. Criterios equivocados Entre enero de 2016 y mayo de 2017, la Defensoría del Pueblo recibió 23 quejas por atentados contra la vida y la integridad en las FF.AA. Maltratos, lesiones y en dos casos muertes: el cadete que murió durante un curso de instrucción en la Escuela Militar de Chorrillos, el 17 de abril, y el cadete que murió en una exhibición de paracaidismo en la misma escuela, el último 8 de mayo. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, prefiere no adelantar opinión en torno a casos que todavía están en investigación, pero sí es enfático en señalar qué es lo que cree que está fallando en las instituciones castrenses. –Existen todavía algunos criterios equivocados sobre cómo entrenar a los soldados. Se confunde la adecuada práctica o formas de imponer disciplina con el abuso. El funcionario pone como ejemplos no dejar dormir a los alumnos teniéndolos de pie toda la madrugada o despertándolos violentamente. Dania Coz, de Comisedh, enumera otras prácticas que han llegado a su oficina: instructores que aplican electricidad a los soldados, que los entierran, que los dejan en posición de ranas durante horas o los obligan a mirar el sol directamente, sin importarles que eso podría dañar su salud. –A un soldado que tiene la camisa fuera, por ejemplo, se le puede castigar con ejercicio físico, que haga ranas o planchas–dice. –Pero no puedes hacerlos pasar por pruebas que superan los límites tolerables de su cuerpo. En junio de 2015, el cadete Rolando Huamán (24) participó en una marcha de campaña junto a otros 300 condiscípulos de la Escuela Técnica del Ejército (ETE). Durante esa jornada, su instructor lo mandó dos veces al "hueco de zorro", un agujero cavado en el suelo en el que a los castigados se les "entierra" y echa arena encima. Producto de ese castigo, y de que se le impidiera asistir a sus citas en el Hospital Militar, Huamán desarrolló glaucoma en el ojo derecho. Necesita un transplante de córnea. La Escuela no solo no se ha hecho cargo de la operación sino que, a causa de sus quejas –una actitud que ellos consideran indisciplinada– le dieron de baja, a finales del año pasado. El excadete ha denunciado a los directivos de la Escuela. Exige que el Ejército pague su operación y que le devuelva lo que ha gastado en medicamentos, trámites y abogados durante estos dos años. La Comisedh ha tomado conocimiento de otros cinco casos de presunta negligencia y abuso de autoridad contra cadetes de la ETE. Uno de ellos, objeto de golpizas, insultos y castigos injustificados de parte de cadetes de años superiores, terminó escapando. Las abogadas de la ONG precisan que no se trata de bullying. Fueron tratos crueles, inhumanos y degradantes, que fueron cometidos con la tolerancia de agentes del propio Estado. Castigo y reparación Es difícil probar el abuso en los cuarteles y es más difícil alcanzar justicia, pero hay precedentes positivos. En noviembre del año pasado, la Sala Penal Nacional condenó a cuatro años de prisión suspendida al capitán EP Marco Mendoza Mathews por haber golpeado y actuado de forma abusiva contra el entonces subteniente Omar Chihuantito Gibaja, en febrero del 2000. Mendoza forzó a Chihuantito a que peleara tres veces sin protección contra un compañero de curso, contra un estudiante de la Marina y, finalmente, contra su instructor de boxeo. Después de caer noqueado, el subteniente recibió golpes en la cabeza de parte del capitán. Pasó 10 días en coma. Diecisiete años después, aún padece secuelas de la golpiza. Pero el precedente más importante ha sido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a favor de Valdemir Quispialaya. En enero de 2001, en una práctica de tiro en el Cuartel 9 de Diciembre de Huancayo, Quispialaya recibió un culatazo en la frente de parte de su instructor, el suboficial Juan Hilaquita, como castigo por haber fallado varios tiros. A causa del golpe, perdió la visión en su ojo derecho. Dejó el Ejército, no pudo encontrar trabajo ni encontró justicia. En 2008, la Fiscalía de Huancayo consideró que no había pruebas para formalizar la denuncia contra Hilaquita. Con el apoyo de la Comisedh Quispialaya acudió al sistema interamericano de justicia. En febrero de 2015, ante la inminencia del fallo de la Corte, el Poder Judicial de Huancayo reabrió el caso. Ese año, en noviembre, la Corte emitió su sentencia. Entre otras cosas, ordenó continuar la investigación y otorgar una pensión de invalidez y una reparación económica a Quispialaya. Pero lo más importante fue que, por primera vez en la región, se estableció que es obligación del Estado salvaguardar la integridad de los militares a su cargo. Y que no se debe confundir la imposición de la disciplina militar con la comisión de maltratos físicos y psicológicos. Algo que sigue ocurriendo con frecuencia.
