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Economía

Agua en Perú: 38 de 50 empresas no facturan al menos 30% del agua que producen

Las pérdidas por fugas y conexiones clandestinas reducen el agua que las prestadoras pueden facturar, mientras 13 empresas tienen costos operativos superiores a sus ingresos. Además, 20 están bajo administración del OTASS por problemas de gestión.

La población con red pública pero sin agua diaria bajó de 13,5% en 2017 a 12,2% en 2025.
La población con red pública pero sin agua diaria bajó de 13,5% en 2017 a 12,2% en 2025. | Composición LR/IA

Las empresas prestadoras de agua y saneamiento enfrentan problemas de gestión que afectan sus ingresos y capacidad operativa. De las 50 empresas analizadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 38 no facturan al menos 30% del agua que producen, debido, entre otros factores, a fugas y conexiones clandestinas. En seis prestadoras, el porcentaje de agua no facturada supera el 50%.

Esta situación se registra mientras la cobertura de agua por red pública prácticamente no ha aumentado en los últimos años. Entre 2017 y 2025, el número de personas atendidas pasó de 24,7 millones a 27,1 millones, pero la cobertura nacional disminuyó de 83,9% a 83,3%, según los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para las empresas del sector, el volumen de agua que no llega a facturarse representa una diferencia entre el recurso producido y los ingresos que pueden obtener por el servicio. Los mayores niveles de agua no facturada corresponden a Agua Tumbes, con 69,9%; EPS Grau, en Piura, con 62,5%; y Sedaloreto, con 60,5%.

Empresas también enfrentan problemas financieros

Las pérdidas de agua se suman a otras dificultades operativas. En 13 empresas prestadoras, menos de la mitad de las conexiones cuenta con medidor, de acuerdo con el análisis del IPE.

La situación financiera también presenta diferencias entre las empresas. En 13 prestadoras, los costos operativos superan sus ingresos. Además, 20 empresas se encuentran bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) debido a problemas de gestión que comprometen su sostenibilidad operativa y financiera.

Estos indicadores se relacionan con la capacidad de las empresas para mantener sus redes y realizar inversiones. La menor facturación frente al volumen producido y los mayores costos operativos reducen los recursos disponibles para la operación de los sistemas de agua y saneamiento.

Cobertura de agua cayó en las ciudades

El análisis del IPE muestra que las dificultades del sector coinciden con una disminución de la cobertura urbana. Entre 2017 y 2025, el porcentaje de población urbana con acceso a agua por red pública pasó de 90,5% a 88,7%.

En términos absolutos, más de 700.000 personas adicionales quedaron sin acceso al servicio durante ese periodo. En el ámbito rural, la cobertura aumentó de 58,9% a 61,1%.

El IPE relaciona parte de las dificultades para ampliar las redes urbanas con el crecimiento informal. Según sus cálculos, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales.

En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de conexión puede llegar a ser hasta 25 veces mayor, según información de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

A nivel regional también existen diferencias importantes. Callao, Lima Metropolitana, Apurímac y Moquegua superan el 90% de cobertura, mientras Loreto alcanza 46%, Puno 59% y Ucayali 64%.

Entre 2017 y 2025, la cobertura retrocedió en 14 de las 26 regiones. Las mayores caídas se registraron en Madre de Dios, con 11,5 puntos porcentuales; Tumbes, con 10,5 puntos; Lambayeque, con 10,3 puntos; y Loreto, con 9,3 puntos.

Continuidad del servicio también presenta diferencias

La cobertura de la red no refleja por sí sola las condiciones del suministro. En 2025, el 12,2% de la población con acceso a agua por red pública no recibía el servicio todos los días, frente al 13,5% registrado en 2017.

Tumbes presentó el mayor porcentaje de población sin suministro diario, con 47%, seguida de Piura, con 39%, e Ica, con 37%. En Callao, Lima Metropolitana y Tacna, el indicador fue inferior al 5%.

En cuanto a las horas de servicio, la población conectada que recibe agua menos de 12 horas al día pasó de 31% en 2017 a 27% en 2025. Sin embargo, el indicador aumentó en cinco regiones. Los mayores incrementos se registraron en Tumbes, con 10 puntos porcentuales; Junín, con 8 puntos; y Lambayeque, con 5 puntos.

Agua segura alcanza a 41,7% de la población

Las diferencias son mayores cuando se considera el acceso a agua segura. En 2025, solo 41,7% de la población contaba con este servicio y en 13 regiones la proporción era inferior al 20%.

En la Amazonía, todas las regiones, excepto Madre de Dios, registraron niveles inferiores al 20%. Loreto alcanzó 7,3% y Amazonas, 12,3%, mientras Madre de Dios llegó a 72%.

El IPE también compara el acceso al agua con los resultados del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026. Las cinco regiones mejor posicionadas registraron una cobertura promedio de agua cercana al 90%, frente a poco más de 60% entre las cinco últimas.

En agua segura, la cobertura promedio fue de 54% en las cinco regiones mejor ubicadas y de 15% en las cinco últimas.

Gobiernos regionales ejecutan menos de la mitad del presupuesto

La inversión pública es otro de los componentes vinculados al cierre de las brechas de saneamiento. Los gobiernos regionales tienen responsabilidades en la planificación, articulación y financiamiento de inversiones, mientras los gobiernos locales participan en la prestación del servicio y el ordenamiento urbano.

Según el IPE, al cierre de agosto de 2026, ocho gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a saneamiento urbano y rural.

El instituto plantea mejorar la ejecución de inversiones y la gestión de las empresas prestadoras, además de contener la expansión urbana informal. También propone fortalecer el marco institucional y ampliar la participación privada en el sector para incorporar capital y capacidad de gestión.

Los indicadores muestran que las condiciones financieras y operativas de las empresas prestadoras forman parte de las variables que acompañan las brechas de cobertura, continuidad y calidad del servicio de agua en el país.

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