Fin al blindaje digital: revelan cómo mafias internacionales intentaron blanquear miles de dólares en el país

La Fiscalía logró la incautación de US$142.756 y S/12.378 correspondientes a activos virtuales depositados en las plataformas de criptomonedas Binance y Bybit, como parte de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con fraudes financieros internacionales. La medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Según informó el Ministerio Público, la decisión judicial busca impedir que los fondos sean transferidos, convertidos o retirados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con las indagaciones fiscales, el dinero estaría vinculado a operaciones realizadas mediante criptoactivos para dificultar el rastreo de su presunto origen ilícito.

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¿Por qué la Fiscalía ordenó la incautación de fondos depositados en Binance y Bybit?

La investigación está a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dirigido por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez. El despacho obtuvo una resolución judicial que ordena inmovilizar los activos virtuales para evitar cualquier movimiento mientras avanza el proceso.

De acuerdo con las diligencias, los montos incautados estarían relacionados con la recepción, conversión y transferencia de criptoactivos provenientes de presuntos fraudes financieros internacionales. La medida comprende tanto los fondos en dólares como los montos en moneda nacional identificados durante la investigación.

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Así operaba el presunto esquema con billeteras digitales, stablecoins y transacciones P2P

Las pesquisas señalan que el dinero habría sido movilizado mediante billeteras digitales, stablecoins —criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos estables— y operaciones P2P, un sistema que permite realizar transacciones directas entre usuarios sin la intermediación de entidades bancarias.

Según la Fiscalía, este tipo de operaciones habría sido utilizado para dificultar la identificación y el seguimiento del origen de los fondos. Por ello, la resolución judicial dispone retener los activos para impedir su transferencia, conversión, intercambio o retiro. El Ministerio Público indicó que esta incautación representa un avance en las investigaciones sobre nuevas modalidades de presunto lavado de activos mediante criptomonedas y en las acciones orientadas a fortalecer la trazabilidad financiera y la recuperación de bienes de posible origen ilícito.