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Economía

Doe Run Perú: demora del Indecopi entrampa proceso concursal y retrasa pago a trabajadores

El proceso concursal de Doe Run Perú sigue estancado por la falta de resolución del Indecopi sobre una apelación presentada en diciembre de 2025, afectando a más de 3.500 acreedores laborales.

Demora del Indecopi entrampa proceso concursal y retrasa pago a trabajadores.
Demora del Indecopi entrampa proceso concursal y retrasa pago a trabajadores. | Composición LR/Difusión.

El proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) continúa paralizado debido a la demora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en resolver una apelación presentada en diciembre de 2025.

Esta situación ha impedido la inscripción plena de la liquidadora designada y mantiene en suspenso el avance del procedimiento, afectando directamente a más de 3.500 acreedores laborales

Según denunció Luis Cuadrado Cárdenas, representante de los trabajadores de Doe Run, la inacción administrativa ha generado un nuevo estancamiento en un proceso que ya se extiende por 15 años, poniendo en riesgo el cobro de las acreencias laborales. 

Apelación pendiente paraliza nombramiento de liquidadora 

El conflicto se origina en noviembre de 2025, cuando Indecopi designó como liquidadora de bolsa a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., a través de la Resolución N.° 9120-2025/CCO-INDECOPI. No obstante, en diciembre, el segundo postulante, Chávez Magán, presentó una apelación contra dicha decisión. 

Aunque el recurso fue admitido el 31 de diciembre, el expediente permaneció sin avances entre enero y abril de este año. “Indecopi ha dejado dormido el caso durante varios meses”, afirmó Cuadrado. Recién la semana pasada, tras la presión ejercida por los trabajadores, el expediente fue elevado a la sala correspondiente, que formuló observaciones y devolvió el trámite a la Secretaría Técnica para subsanaciones. 

Doe Run Perú: acreedores laborales exigen celeridad tras movilización 

La falta de resolución motivó una movilización de aproximadamente 200 acreedores laborales, quienes el miércoles 15 de abril protestaron en los exteriores del Indecopi. Solo después de esta acción, el expediente volvió a ser remitido a la sala, donde aún se encuentra pendiente de pronunciamiento definitivo. 

Este aplazamiento tiene consecuencias concretas. Si bien la liquidadora fue formalmente designada, no puede inscribir sus poderes en los registros públicos mientras la apelación siga en trámite. Según explicó Cuadrado, Registros Públicos ha observado en dos ocasiones la inscripción, precisamente porque el nombramiento aún no está consentido. “Mientras no se resuelva la apelación, la liquidadora no puede actuar plenamente y el proceso concursal sigue entrampado”, advirtió. 

La falta de resolución motivó una movilización de aproximadamente 200 acreedores laborales, quienes el miércoles 15 de abril protestaron en los exteriores del Indecopi.

Para los trabajadores, el problema no es quién asuma la liquidación, sino la urgencia de destrabar el proceso. “Queremos que esto termine. Si ya se nombró a la liquidadora, que se ratifique de una vez para poder avanzar”, sostuvo el dirigente. 

El pago de las acreencias laborales depende de la culminación del proceso concursal y se realizará a partir del activo remanente de DRP, consistente en un fideicomiso en Scotiabank valorizado en cerca de US$20 millones. 

Cuadrado Cárdenas señaló además que existe voluntad política desde el Ejecutivo, incluido el Ministerio de Energía y Minas, para avanzar en la solución, pero esta está condicionada a que la liquidadora cuente con reconocimiento formal en los registros públicos. 

En ese contexto, los acreedores laborales exhortaron al Indecopi a emitir cuanto antes una resolución definitiva, al considerar que se trata de un trámite “simple” cuya prolongación solo contribuye a extender innecesariamente un conflicto que afecta a miles de familias. 

“Mientras más pase el tiempo, más peligroso se vuelve para nosotros”, concluyó Cuadrado. La expectativa ahora está puesta en que la sala resuelva en el corto plazo y permita reactivar un proceso clave largamente postergado. 

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