Congreso debe aprobar por insistencia corrección a ley del ISC en apuestas online: riesgo de pérdida de S/100 millones

El Congreso de la República enfrenta la presión de aprobar por insistencia la autógrafa de ley que corrige las fallas del Decreto Legislativo 1644 y de la Ley 31557, sobre juegos y apuestas deportivas a distancia. De no hacerlo, el Estado podría perder más de S/100 millones en recaudación anual y abrir la puerta a litigios que, como ocurrió en el pasado con los tragamonedas, podrían terminar obligando al fisco a devolver millones ya cobrados.

La norma, observada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca también modificar la Ley 30096, de delitos informáticos, incorporando a las personas naturales con negocio y tipificando como delito la manipulación de resultados deportivos, en línea con los estándares que exigen FIFA y Conmebol.

Vacíos legales e inconstitucionalidad

Carlos Mesía, abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, explicó a La República que el problema central es que el Decreto Legislativo 1644 “no ha establecido en la Ley del ISC ni en la del IGV a las apuestas deportivas y jugadas en línea como actividades sujetas a tributo”.

“Esto viola el principio de legalidad tributaria: no hay tributo sin ley. El Gobierno intentó corregirlo con un decreto supremo, pero ahí vuelve a violar otro principio constitucional, el de reserva de ley, porque los tributos no se crean por decreto supremo, sino por ley del Congreso o por un decreto legislativo con autorización parlamentaria”, señaló.

Mesía añadió que la actual regulación no define con claridad la base imponible. “Hoy la Sunat cobra impuesto varias veces sobre el mismo dinero. Si un usuario deposita S/100, los apuesta, gana S/ 400 y los vuelve a apostar, estará pagando el impuesto sobre S/ 500 cuando en realidad solo arriesgó S/ 100. Esta situación podría repetirse múltiples veces, lo que genera una carga desproporcionada. Incluso se gravan bonos y promociones que es dinero inexistente. Todo ello crea incertidumbre, fomenta la informalidad y un efecto confiscatorio”, advirtió.

La autógrafa, según dijo, corrige estas deficiencias al establecer que solo se grava el capital real aportado por el jugador, no el rejuego ni las promociones. “Esto no reduce la recaudación, sino que ordena el sistema tributario y da seguridad jurídica”, enfatizó.

ISC mal diseñado y ventaja para ilegales

El tributarista José Verona coincidió en que el ISC, tal como está diseñado, genera un despropósito: grava todas las jugadas como si fueran dinero nuevo, elevando la carga tributaria a niveles insostenibles. “En la práctica, el fisco termina cobrando varias veces sobre el mismo monto, y hasta grava los bonos que nunca ingresan a la caja de los operadores. Esto encarece la operación formal y favorece a las plataformas ilegales, que no pagan impuestos y atraen a los jugadores con mejores cuotas y promociones”, advirtió.

El resultado es una competencia desleal que, de mantenerse, significará una pérdida superior a S/100 millones en recaudación anual y un retroceso en la formalización del sector.

Competencia y bodegas: fin del monopolio

Más allá de lo tributario, la autógrafa rompe con el monopolio de los puntos de venta físicos, hoy concentrados en cadenas de farmacias y centros comerciales vinculados a un grupo financiero. “Si hoy alguien quiere apostar en un partido de fútbol, debe ir a InkaFarma, Mifarma o un mall. La ley permitirá que los bodegueros de barrio se conviertan en puntos de venta, lo que democratiza el acceso y da ingresos adicionales a miles de familias”, subrayó Mesía.

La Asociación de Bodegueros del Perú ha denunciado que entre enero y julio de 2024 se registraron 9.823 casos de extorsión, es decir, 1.400 bodegas atacadas cada mes. En este contexto, consideran inexplicable que el MEF insista en mantener un esquema que solo beneficia a grandes corporaciones.

El proyecto de ley también fortalece las facultades de Mincetur, que podrá decomisar plataformas ilegales y reducir el riesgo de estafas en apuestas online. “Las empresas informales no pagan impuestos, no están supervisadas y generan una competencia desleal. Con esta ley, Mincetur tendrá herramientas para controlar y sancionar”, apuntó Mesía.

Además, la norma tipifica como delito la manipulación de resultados deportivos, una exigencia internacional ante los recientes escándalos de corrupción en el fútbol.

Un antecedente revelador

En 2022, el MEF se opuso a gravar a las casas de apuestas extranjeras, pero en 2023 el Congreso aprobó una propuesta de la congresista Leidy Camones que permitió al Estado recaudar más de S/60 millones hasta la fecha.

Para los especialistas, la insistencia actual no solo busca sostener la recaudación, sino también poner fin a un marco legal deficiente que, en palabras de Mesía, “ha creado desorden e incertidumbre en el sistema de apuestas deportivas y juegos en línea”.