Minería informal redefine decisiones de jóvenes: abandonan estudios para insertarse en esas economías

Durante la presentación del 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), el investigador Daniel Hernando explicó que el auge de la minería informal en nuestro país viene redirigiendo las trayectorias de la vida juvenil y de esta forma, desplaza a alternativas como la agricultura o la educación técnica.

En su opinión, no se puede perder de vista que este tipo de actividades resultan atractivas debido a que ofrecen retribuciones económicas mejores que las de otros sectores. Y es que el Estado ha demostrado un comportamiento errático hacia la minería informal e ilegal que evidencia un desconocimiento sobre la confluencia de dinámicas sociales en los territorios.

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"He podido constatar que muchos jóvenes terminan insertándose en este tipo de economías como trabajadores. La minería provee de ingresos a los jóvenes, que antes no podían acceder y se vuelve una actividad atractiva, que, a la vez, provoca problemas de deserción escolar, consumo de alcohol y casos de violencia", sostuvo Hernando.

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De igual forma, refiere que el Estado no debe limitarse solamente a labores de fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas generan conflictos inter e intracomunales, con situaciones de coacción y atentados. Por ejemplo, en Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, lo cual agrava la complejidad del problema, teniendo en cuenta que esta región posee el mayor número de conflictos.

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Entre estos nuevos actores que se interrelacionan con la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) en esta región destacan el cultivo de coca, la pesca ilegal y tala ilegal. Y es que hay una notoria ausencia del Estado que permite la expansión desenfrenada de estas actividades sin ofrecer oportunidades para las poblaciones locales.

"La conflictividad involucra diferentes métodos de extracción de acuerdo con las características de los territorios: desde minería aluvial en zonas ribereñas, con dragas y en socavones. Lo importante es tratar de ver los conflictos de la minería MAPE, no como un fenómeno único u homogéneo, sino con diferentes actores y condiciones. Hay que tomar en cuenta que este problema incorpora a otro tipo de economías ilícitas", agregó.

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Cuatro conflictos más en junio

Según el Reporte de Conflictos Sociales N°256 de la Defensoría del Pueblo correspondiente a junio, cuatro nuevos conflictos se registraron frente al mes anterior en Ayacucho, Lima Metropolitana y Puno. En total, la cifra alcanza los 195 conflictos, de los cuales, 147 se mantienen activos.

El primero de ellos se registró en el distrito de Canayre, situada en la provincia de Huanta, región de Ayacucho, donde tuvo lugar un enfrentamiento entre los habitantes del centro poblado Unión Mantaro y un grupo de integrantes de la comunidad campesina Pampa Aurora debido a una disputa por terrenos.

Otros dos conflictos estuvieron relacionados con protestas universitarias. Uno de ellos se reportó en la Universidad Federico Villarreal y el segundo en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, lugar donde los alumnos exigían la entrega del carnet universitario, acceso al medio pasaje y mejoras en le servicio de comedor.

El cuarto conflicto se registró en Lima y Callao. Un grupo de ciudadanos se oponen a la ejecución del proyecto del Anillo Vial Periférico debido a sus posibles impactos de la implementación de la obra. A nivel general, Loreto sigue concentrando la mayor cantidad de conflictos con 29 casos. Le sigue Puno (19), Cusco (17). De acuerdo con la tipología, hay 99 casos vinculados a problemas socioambientales y de estos, el 30,3% están vinculados a la minería.