¿Reinfo 2.0? Advierten que predictamen de Ley MAPE sería un retroceso para combatir la minería ilegal

Antes de que inicie el debate del predictamen de la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, diversas organizaciones ambientalistas, gremios privados y parlamentarios han manifestado de forma abierta sus críticas a esta propuesta que perpetuaría la ilegalidad.

Según la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque, el proyecto de dictamen sería la continuación del Reinfo, ya que presenta un mismo esquema de formalización minera bajo otro nombre: Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat). Además, consideró que el texto no incorpora medidas concretas para eliminar el uso del mercurio, lo que representa un retroceso para la protección ambiental.

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Pero, eso no es todo. Cuestionó la introducción de una figura llamada "servidumbre", que podría convertirse en un despojo legalizado de territorios. A su juicio, la propuesta no debería ser aprobada tal y como está redactada porque formaliza lo "ilegal" en legal y no establece ninguna medida ambiental para proteger los ecosistemas y derechos indígenas.

A su turno, tanto la congresista Silvana Robles como Karol Paredes coincidieron en la necesidad de que el combate a la minería ilegal debería ocupar un lugar prioritario en la agenda parlamentaria. Es decir, tendría que dejarse de promover el continuismo de fórmulas sin resultados como el Reinfo.

Al respecto, cuatro legisladores presentaron un oficio al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, que contiene 12 observaciones de fondo al predictamen de Ley Mape. Entre los principales ejes problemáticos destacan: la creación de la figura de "minería tradicional" y del Renapmat, beneficios tributarios injustificados, la inclusión de servidumbre, la exención de responsabilidad penal, la ausencia de menciones a metas y plazos para la eliminación de mercurio y cianuro en las actividades aluviales, etc.

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De acuerdo con el artículo 52 del predictamen de la Ley Mape, la minería aluvial podrá desarrollarse en zonas habilitadas por el Ministerio de Energía y Minas, pese a que esta actividad está prohibida en cuerpos de agua, según una sentencia del Tribunal Constitucional del 2012. Para César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, la creación de este régimen podría generar un impacto irreversible en el ambiente.

A renglón seguido, rechazó la introducción de conceptos como "minería tradicional" en el artículo 4 del predictamen, que al definirla como actividades empíricas y heredables, podría facilitar la evasión de controles ilegales. También, denunció la creación de incentivos fiscales para los mineros que no superen las 250 UIT, ya que derivaría en un uso discrecional de los recursos.

"Más allá del tema financiero, me parece increíble que haya un régimen especial para mineros que no superen los 250 UIT. Es decir, recién van a tener mecanismos de financiamientos. Es tan general en algunas partes, que en el artículo 19 dice que "tengan avances significativos". ¿Qué son avances significativos? En ningún momento, se define en la norma", anotó.

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Riesgos ambientales

Otro aspecto preocupante es que el predictamen de la Ley Mape valida la realización de actividades mineras en zonas de amortiguamiento y cuerpos de agua, lo cual representa una amenaza para la conservación de las áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles. Para Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, uno de los artículos más polémicos es el 23, ya que establece el plazo de un año para que los pueblos indígenas presenten petitorios mineros en sus territorios.

Sobre este punto, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó su inquietud acerca de los efectos adversos que la minería ilegal está causando en el país. Dijo que el proceso de formalización ha sido un fracaso en las últimas dos décadas, ya que un alto porcentaje de los mineros no ha cumplido con los requisitos fundamentales, como la entrega de instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM).

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Finalmente, Rocío Trujillo, asesora legal de AIDESEP, denunció que el texto de la Comisión de Energía y Minas vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Cerró su intervención señalando que la minería ilegal ha generado impactos sociales graves como la explotación sexual y la trata de personas en regiones como Madre de Dios.