Ministerio de Vivienda lanza el “Bono Justo” para fraudes de inmobiliarias: ¿qué beneficios trae a las familias afectadas?
La modificación de la Ley del Bono Familiar Habitacional garantizaría un acceso más ágil a los subsidios para reforzar la supervisión estatal en el sector inmobiliario y fortalecer la confianza de los consumidores.
El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció el “Bono Justo”, un apoyo económico destinado a familias perjudicadas por proyectos inmobiliarios fallidos o fraudulentos.
Esta iniciativa, derivada de una reforma en la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, busca compensar a quienes fueron víctimas de promesas incumplidas a los inscritos al programa "Techo Propio". De esta forma, el gobierno les permitirá recuperar parte de sus pérdidas y postulen a un nuevo subsidio.
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¿Qué beneficios traerá el "Bono Justo" del Ministerio de Vivienda?
El Bono Justo permitiría a las familias recuperar parte de su inversión y agilizar su retorno a programas como Techo Propio a cargo del MVCS. Esto lo lograrán a través de un incremento del Bono Familiar Habitacional (BFH) de los afectados.
Las familias afectadas podrían recuperar parcialmente su inversión inicial, además de ser prioridad ante otras alternativas habitacionales del estado. El bono también fomentará una mayor transparencia en el sector inmobiliario y buscará establecer un precedente para futuras reclamaciones de los consumidores.
¿Cuál es la ley modificada que hizo el Congreso de la República?
El Parlamento aprobó de forma unánime la modificación de los artículos 5 y 6 de la ley que establece el BFH, propuesta de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) del MCVS.
A quienes se les otorgue dicho bono no contarán con procedimientos adicionales, de manera que se garantize una distribución más rápida y directa a través del Ministerio de Vivienda.
Además de crear el bono, la reforma refuerza la supervisión estatal sobre los proyectos inmobiliarios. Así, se podrá establecer un precedente para la protección de los consumidores que fomente mayor confianza en el mercado inmobiliario formal en el Perú.