Petroperú: gestiones de Carlos Linares y Oliver Stark omitieron denuncia de pagos irregulares a personal
Lupa. Informe de la Contraloría emitido en abril de este año advirtió de perjuicios por más de S/90.500 por ampliación de beneficios salariales realizados por gerentes de la estatal.
El 16 de abril de este año, la Contraloría General de la República emitió un informe (N° 013-2024-2-0084) al presidente del directorio de Petroperú —en ese entonces, Carlos Linares— en el que revelan que se otorgaron beneficios irregulares, desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, a personal de dirección y confianza de la empresa estatal.
Linares dio un paso al costado y no tomó acciones concretas. Oliver Stark, su reemplazo como cabeza del directorio, tampoco abordó el problema.
El reporte de la Contraloría advierte que se generaron perjuicios económicos a Petroperú por S/90.565,59 al entregarse bonificaciones de descentralización y viáticos, más allá del plazo regular (90 días), a personal de dirección y confianza que arribó a Lima: S/48.426,31 a beneficio de Luis Suarez Carlo, gerente (e) corporativo de Administración; S/12.992,41 para Gaspar Díaz Tello, gerente (e) corporativo de Operaciones y S/29.146,73 a Magdaleno Saavedra Castillo, gerente (e) del Departamento de Seguridad
Según el órgano de control, dicha extensión de beneficios laborales se dio por el inadecuado accionar de Cristina Fung Quiñones, gerenta general de Petroperú; Jorge Quino Celi, gerente corporativo de Recursos Humanos; Melissa Velásquez Tasayco, gerente de la Gerencia de Departamento, Desarrollo y Administración de Personal y Paul Petters, jefe de Compensaciones y Beneficios de la Gerencia de Departamento de Desarrollo y Administración de Personal. Estos gerentes no velaron por el orden de políticas internas, procedimientos y disposiciones generales, y tampoco supervisaron los procesos de gestión de personal y beneficios —reza el reporte—.
Se mantienen intactos pese a irregularidades
La Contraloría recomendó a los presidentes del directorio de Petroperú iniciar acciones civiles contra los funcionaros y servidores comprendidos en los hechos de irregularidad; mas a la fecha, el silencio impera.
La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) solicitó al contralor César Aguilar “celeridad en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores”, ya que desde Petroperú no hay respuesta y las personas involucradas continúan ejerciendo sus funciones con total normalidad.
"La demora en el inicio de este proceso afecta la integridad de los procedimientos y va en detrimento de la justicia", manifestaron desde la CATP en una carta remitida a Aguilar.
Fuentes del sector comentaron a La República que la llegada de Alejandro Narváez a la presidencia del directorio de Petroperú —avalado por la presidenta Dina Boluarte— no genera consensos en el Ejecutivo, en un contexto donde se busca ratificar a los involucrados en sus cargos gerenciales y también, optar por personal afín a estas prácticas irregulares.