Ministerio de Vivienda buscaría fijar tarifas de agua sin criterio técnico, advierte Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha emitido un comunicado en el que advierte que una propuesta normativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) vulnera su autonomía, ya que permitiría la fijación tarifaria sin criterio técnico. Lo que traería como consecuencia la desprotección de los usuarios ante interrupciones del servicio.

El proyecto de modificación del DL 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, impulsado por MVCS, eliminaría, en la práctica, la función reguladora y de determinación de tarifas a cargo de la Sunass.

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"Esta eventual injerencia política incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas de agua sin análisis técnicos, perjudicando la sostenibilidad de los servicios de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas servidas", destacó el regulador.

El MVCS determinaría una “política de entregas económicas al personal vinculado a la prestación de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional”, con cargo al incremento de tarifas, sostiene la propuesta.

Las modificaciones planteadas implicarían el reajuste de tarifas sin el previo cumplimiento de metas establecidas por el regulador, lo que alentaría la ineficiencia de las empresas de agua, es decir, sin la mejora en la prestación de la calidad de los servicios. De esta forma se dejaría a los usuarios desprotegidos ante cortes de agua, ya que reduce las obligaciones de las empresas establecidas por la Sunass.

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"La propuesta legislativa excede las facultades originalmente delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, puesto que no contempla modificaciones a las funciones tarifarias y de calidad del servicio", anota Sunass.

Finalmente, Sunass recuerda que la OCDE recomienda consolidar la autonomía de los organismos reguladores. Mientras la eventual aprobación de la propuesta legislativa, en los términos descritos, "implicaría un retroceso en el proceso hacia la incorporación del Perú como miembro de la OCDE".