Tanto ha demorado el Congreso en aprobar la Ley 679, enviada en noviembre del 2021 para la masificación del gas natural, que la crisis internacional de combustibles alcanzó al FISE y hoy sus recursos están por debajo del 50% para 2023, lo que hace imposible su habilitación para iniciar este año la construcción de ductos en todo el país.
La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) advierte que esta caída de S/1.800 a S/860 millones del fondo incide directamente sobre los 3 de cada 10 hogares peruanos que en los últimos tres años cocinaron con leña, y los más de 5 millones 143.177 de los sectores C, D y E que hoy cocinan con balones de GLP encarecidos.
¿Cómo es la situación hoy del gas domiciliario en el Perú? Actualmente, existe 1 millón 806.867 usuarios conectados, de los cuales el 86% corresponde a Lima, según cifras de Cálidda. El problema está en que todavía hay una brecha del 50% en las 10 regiones que tienen gas, y del 100% en las 14 regiones sin acceso a él.
Justamente, el FISE se creó para atender, focalizadamente, los hogares con brechas energéticas. Ya sea con vales para comprar GLP, recibos de luz bajos o conversiones vehiculares a GNV, además de subsidiar el ingreso del gas natural a las casas. Todo de manera directa.
“Lo que no ha estado haciendo, porque la ley se lo impide, es construir infraestructura, como ductos o instalaciones de gran nivel. La Ley 679 es crucial para cambiar esta realidad”, precisa Carlo De Los Santos, director general de la DGH.
Son S/491 millones, a través de Con Punche Perú, que podrían ser inyectados para reponer el fondo, además de aportes de los gobiernos regionales.
Se añade, además, una figura similar a la del mercado eléctrico, con un subsidio cruzado que sube levemente las tarifas de gas en Lima para reducir drásticamente las de regiones. Si se suben 10 centavos al que tiene el 95% de usuarios totales, se puede generar una caída del 2% o 3% para todos los demás, explica De Los Santos.
“¿Quiénes están en la posibilidad de ser atendidos? Ucayali, con 17.000 viviendas; Ayacucho, con 15.000; Cusco, con 29.000; y Junín, Huancavelica, Apurímac y Puno, con 51.000 en su conjunto. Todo eso se puede echar a perder”, lamenta.
No a todos convence anteponer la rentabilidad social a la económica. Fuentes del sector explican que una tarifa única representa, en la práctica, pérdida de dinero para algunos actores. Si en Lima sube un poco para que en provincia baje mucho más, ¿Quién se afecta? Se afecta el que deja de cobrar esa diferencia en provincia, que puede llegar al 70% del precio final en algunas concesiones. Parte de las resistencias en el Congreso obedecen a ello, advierten.
“Por eso, hay muchas concesionarias geográficas, como Lima Gas, EGP, Gasbel o Clean Energy, que están reventando, porque el negocio de alta rentabilidad se les va caer, ahora va a ser una ganancia sí para todos”, sostiene la fuente.
Pero esta tarifa ‘flat’ es necesaria, no solo para llevar energía a más hogares, sino para industrializar el país (demanda ancla) y evitar que los capitales fuguen entre regiones buscando un mejor precio del gas. Con ello, además, se honra con una promesa de campaña afín a todas las bancadas, hoy indiferentes a la masificación en el Congreso.
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que los recursos del FISE cayeron en 2022 porque, ante el alza de la gasolina, se quintuplicó el presupuesto destinado para conversiones a GNV, además de subir los subsidios a la electricidad.
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La DGH advierte que, sin la Ley 679, las conexiones a hogares, comercios y ollas comunes caerán 50% este año respecto al 2022 (actualmente, hay 1 millón 115.907 gracias al FISE). las conversiones a GNV retrocederán 40%.
En 2022, se realizaron gestiones sin éxito para encargar de manera especial la masificación a Petroperú y empresas eléctricas del Fonafe.
Óscar Vera Gargurevich. Ministro de Energía y Minas
“Dentro de nuestro plan de este año es iniciar para la zona sur, el llamado 7 regiones que involucra a Puno, Cusco, Arequipa. Moquegua, Junín, Ucayali y Ayacucho”.
Infografía - La República