Imarpe aplaza reposición de trabajadores despedidos arbitrariamente hasta el 2023

En el transcurso del 2015 un grupo de 22 trabajadores fueron retirados de sus puestos en el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), sin ninguna justificación y sin recibir los beneficios que según ley les corresponde. La entidad ha informado que los repondrá en el 2023; sin embargo, lo mismo dijeron en el 2019 y no cumplieron, precisan los afectados. Llevan 5 años esperando por justicia.

Mediante el oficio N° 212-2022-2023-BBCC/CR, la actual ministra de Cultura, Betssy Chávez, quién también es congresista electa solicitó al gerente general de Imparte, Enrique Soto Ruiz, que le informe con respecto a las acciones que está tomando para solucionar el caso de los trabajadores cesados. Pero dos semanas después no ha respondido.

“… He recibido en mi despacho el pedido de representantes de los trabajadores cesados de Imarpe, quienes según indican no obstante contar sentencia firme de reposición ante su entidad desde el año 2017 se vendría prolongando el pago de sus CTS, beneficios sociales y reincorporaciones (...). Documentación que se remite ante su despacho para su conocimiento y actuaciones pertinentes con la celeridad que corresponda, solicitando además se informe de las acciones realizadas en mérito de la problemática expuesta,” señala el oficio firmado por Chávez.

Por su parte, la congresista Isabel Cortez respondió al llamado de los trabajadores y el 27 de septiembre se presentó en la sede principal de Imarpe para realizar una visita inopinada, pero ninguno de los responsables la recibió.

El 10 de octubre se logró concretar una reunión entre la congresista, representantes del grupo de afectados y las autoridades de la entidad. En dicha reunión, Imarpe afirmó que no repone a los trabajadores por falta de presupuesto y que lo harán en el 2023; sin embargo, no accedieron a firmar el acta de compromiso.

Juan Manuel Valles Meza, afectado y coordinador de este grupo, quien estuvo presente en este encuentro de coordinación precisó que los funcionarios expusieron las gestiones que vienen efectuando para darle solución al caso “sin ningún documento que acredite lo mencionado, además, no quisieron firmar el acta de compromiso”.

“Estaré vigilante de que se realicen todas las gestiones necesarias para que se pueda dar cumplimiento a las sentencias judiciales’', manifestó Cortez en sus redes sociales luego de la reunión.

A pesar de que la orden judicial señala que la reposición de los trabajadores debe ser inmediata han pasado 5 años y la entidad no cumple con el mandato. Quienes están al frente de esta institución son José Ángel de la Cruz Sotomayor (presidente del Consejo Directivo), Renato Carol Guevara Carrasco (director ejecutivo científico) y Enrique Sebastian Soto Ruiz (gerente general).

¿Falta de presupuesto o ensañamiento?

En junio, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Mario Cavero Polo recibió a los trabajadores y luego de escuchar su caso ordenó a Imarpe que le devuelva sus puestos de trabajo a los 22 trabajadores despedidos.

Sin embargo, Cavero tuvo que renunciar a su cargo días después debido a una acusación por nepotismo, por lo que no se concretaron las reposiciones, según recuerda Valles.

Por su parte, Imarpe, entidad suscrita al Ministerio de la Producción, sostiene que es la falta de presupuesto lo que le impide gestionar las reposiciones; sin embargo, según información obtenida por este medio, la entidad tiene la intención de realizar nuevas contrataciones este año.

Según la resolución de dirección ejecutiva científica N° 023-2022-Imarpe/DEC con fecha del 25 de febrero, se resuelve conformar la Comisión de Concurso público de Méritos CAP y se dispone que un área de Recursos Humanos entregue a la comisión la documentación relevante a efectos de llevar a cabo la convocatoria de nuevo personal.

Luego de una primera publicación efectuada por este medio, el área de prensa de Imarpe se comunicó con este diario para afirmar que sí están viendo el caso y que le enviemos nuestras preguntas. Tres semanas después no respondieron.

La única respuesta oficial obtenida desde esta institución fue que habían solicitado ya el presupuesto al Mef para reponer a 19 trabajadores en el 2023.