Se asegura la recuperación de la inversión pública y de la construcción
El Ministerio de Economía dejará un borrador del presupuesto del 2022 y con ello se evitará discontinuidades en la ejecución de las obras públicas.
Este año la construcción tendría un fuerte rebote económico, luego de haberse contraído en 13,9% durante el 220. Según estimados del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), plasmados en su último reporte de Inflación, el sector construcción tendría un avance de 17,4% en 2021 y de 3,8% en 2022.
Esta actividad económica, que de acuerdo con Cámara Peruana de la Construcción “llegará al cambio de gobierno creciendo a dos dígitos”, será impulsada por una mayor inversión pública y privada, de acuerdo con las previsiones del BCRP.
Justamente, la ejecución de obra pública creció 79% en el primer cuatrimestre del 2021, frente a similar periodo del 2020. Para el cierre del año el BCRP prevé un crecimiento de la inversión pública en 15%.
Para asegurar ello, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, sostuvo que el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti dejará un borrador del presupuesto del 2022. Indicó que con esta medida se evitará discontinuidades en la ejecución de las obras públicas.
“Por ejemplo, si la Carretera Central ya arrancó este año con un monto inicial con el que se hacen los expedientes, eso ya tiene una programación multianual y cualquiera sea el próximo gobierno tiene que respetar esa programación multianual”, expresó.
En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que tiene previsto firmar contratos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) para proyectos de transporte de suma importancia para el país, resulta oportuno conocer la viabilidad de estos y la funcionalidad de este mecanismo que el Perú ha decidido ejecutar para acelerar no solo procesos sino lograr la ansiada reducción de brecha de infraestructura que persiste a nivel nacional.
En las últimas horas, el MTC suscribió el memorándum de entendimiento con el Gobierno de Francia para la ejecución de la nueva Carretera Central, que en adelante será llamada carretera Daniel Alcides Carrión.
Asimismo, se suscribió el contrato para que el Estado de Francia brinde asistencia técnica, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, a Provías Nacional, organismo adscrito del MTC, para la ejecución de la nueva Carretera Central.
No es momento de parar
Carlos Ugaz Montero, consultor especializado en Proyectos de Infraestructura y ex Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, expresó que es fundamental entender que en este momento el Estado Peruano, a través del MTC/ATU, únicamente está contratando los servicios del asesor técnico especializado (oficina de gestión de proyectos – PMO), vía el G2G, tal como se hizo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, para estructurar de la mejor manera posible grandes proyectos de infraestructura vial y que éstos se desarrollen en plazo, presupuesto y con los más altos estándares internacionales.
“Las PMO que ganen los procesos de las Líneas 3 y 4, por ejemplo, nos ayudarán a optimizar el gasto de estos proyectos, muy probablemente reducir sus costos y una vez definida la ingeniería definitiva, generar eficiencia en la futura ejecución presupuestal, así como evitar situaciones de corrupción, al estar involucrado el prestigio del país que resulte ganador del G2G”, explicó.
Asimismo, tomando como ejemplo el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, mencionó que su problema no radica en su complejidad técnica, en cuestiones de ingeniería o de geología, o en la supuesta demora del Estado en la “entrega de terrenos” o “liberación de interferencias”, como se ha querido hacer creer.
“El gran problema de este magnífico y absolutamente necesario proyecto de infraestructura es el modelo de estructuración que se utilizó en el Gobierno del señor Humala para llevarlo adelante, un contrato de Asociación Público-Privada (APP) que complicó su esquema de ejecución de forma absurda e innecesaria, asignado erradamente los riesgos entre las partes”.
Para Ugaz, el Perú requiere de una política de Estado, similar a la de otros países, para desarrollar estas infraestructuras en un horizonte de 10 a 15 años. “No estoy en contra de las APP, dicho modelo funciona muy bien para muchísimos proyectos, pero no para todos, especialmente no para los mega proyectos como las líneas de metro.
Cautela con el uso de recursos
De otro lado, Alonso Segura, exministro de Economía, precisa que, en los G2G, el Gobierno “ganador” no se responsabiliza de las contingencias que surjan en los proyectos y que una obra adjudicada bajo dicha modalidad no considera estándares de calidad de servicio.
“Los problemas que puedan surgir en la operación y mantenimiento serán también responsabilidad del Estado. Por lo que es importante determinar las prioridades de cierre de brechas, no solo de infraestructura sino sociales y productivas. Hay que ser muy cuidadoso en el uso de recursos”, resaltó.
Según explica Segura, el G2G aplicado a obras de infraestructura es una forma de obra pública tradicional, solo que las reglas de contratación que rigen son de un Gobierno extranjero.
