La crisis por la pandemia de la COVID-19 llevará a una contracción económica de 9,1% en Latinoamérica, según la proyección mencionada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto conllevará a un aumento en la pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad.
“Nuestra región va a enfrentar la recesión mayor en los últimos 100 años. Una contracción (económica) de -9,1%, que va a resultar en 230 millones de personas en la pobreza, de los cuales 96 millones estarán en pobreza extrema, 44 millones de personas desempleadas y con una informalidad que asciende a 54%”, indicó en la presentación de perspectivas económicas en la región.
Añadió que la crisis ocasionaría que más 2,7 millones de empresas formales cierren. De estas, 2,6 millones son microempresas.
Asimismo, Bárcena apuntó a que se ha reflejado la necesidad de la digitalización en la región. “Es un bien básico y necesario. Tecnologías digitales probaron ser esenciales en la pandemia, pero nuestra estructura social y productiva no está lo suficientemente madura”, acotó.
“Hay 40 millones de hogares que no tienen conectividad a internet, y no pueden participar en el teletrabajo o teleducación”, expresó, considerando que el desafío para tener igualdad y sostenibilidad es repensar el modelo de desarrollo, orientado a mejorar los servicios de agua, electricidad, salud y protección social, pero también generar empleos en sectores dinámicos.
Bárcena sostuvo que en la región hay 46% de niños y niñas de 5 a 12 años que viven en hogares sin conexión a internet. “Pierden un año de su vida educativa, 32 millones de niños y niñas están eximidos de la educación telemática”, comentó.
Apuntó a que 44% países de Latinoamérica y el Caribe no tienen una ideal velocidad de descarga para que las familias desarrollen actividades en línea de forma simultánea, y que el costo de acceso a internet cuesta el 14% de los ingresos de los hogares, comparado al 3% de ingresos en familias en Europa.
Por ello, plantearon 5 propuestas: una canasta básica digital en el que se incluye un teléfono celular, una laptop, una tableta y un plan de acceso a banda ancha de bajo costo, lo que podría costar un 1% del Producto Bruto Interno; aplicar medidas de flexibilidad regulatoria para que haya neutralidad en la red, incentivando usos de servicios de educación, salud y gobierno para que haya acceso sin costos para el usuario; fortaleciendo las alianzas público-privadas y con la sociedad.
Además, generar planes nacionales con agendas digitales para el cierre de brechas en la inclusión plena de mujeres que requieren de una inclusión digital urgente, y brechas territoriales entre zonas rurales y urbanas. Y tener un mercado digital que incluya roaming gratuito, como en la Alianza del Pacífico.