El primer caso confirmado de Covid-19 en el país hizo que el Gobierno establezca medidas a fin de evitar su propagación. En materia laboral, se dispuso la implementación del trabajo remoto para aquellas actividades que se encontraban paralizadas y que por su propia naturaleza podrían implementarla.
Esta modalidad, a diferencia del teletrabajo que es una ley y está reglamentado, fue dispuesta a raíz de la pandemia y para trasladar el trabajo a los hogares, por lo que se establecieron facilidades para su implementación.
Entre ellas, que los equipos podrían ser proporcionados por la empresa o por el mismo trabajador. Además, no se obliga a la empresa a compensar al trabajador por estos equipos o por los gastos adicionales derivados del uso de los mismos, esta decisión es opcional para cada empresa.
Con respecto a la jornada laboral, es la misma a la ya pactada entre las partes, pero se puede distribuir en horarios que mejor se adapten a las necesidades del empleador o trabajador.
A la fecha, hay alrededor de 200.000 personas que realizan trabajo remoto, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta modalidad estará vigente de momento hasta el 7 de diciembre, fecha en que termina la emergencia sanitaria, y que podría extenderse.
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Cabe mencionar que el expremier Pedro Cateriano anunció que este mecanismo laboral iba a estar permitido hasta el 31 de julio del próximo año. Es por ello que, al estar vigente por varios meses más, el MTPE estaría alistando algunos ajustes a esta modalidad de trabajo.
“Hay un borrador que se tiene hecho, he pedido algunas precisiones. Quiero revisar las consecuencias, integrar las propuestas del Congreso y discutirlo de manera tripartita, incluyendo a empleadores y trabajadores”, dijo el titular del sector, Javier Palacios, a un medio local.
Al respecto, Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, sostuvo que los aspectos que se deben regular deben ir en línea a los gastos adicionales que implican al trabajador, como la luz, internet e incluso entregar los equipos. “Si se va a seguir con esta modalidad, habría que incorporar la obligación de que los empleadores asuman el costo adicional generado en los trabajadores”, sugirió.
Otro cambio que añadió es que se fortalezca la fiscalización para controlar que el trabajador no labore más de la jornada establecida o, en todo caso, se paguen las horas extras. Esto es, un derecho a la desconexión.
Por su parte, Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sugirió que el trabajo remoto se sustituya por el teletrabajo, el cual ya está regulado e incluye que los costos sean asumidos por el empleador.
El impacto de la pandemia en el país, y a nivel global, ha recaído en la economía y en el empleo.
Y es que con un empleo formal estancado en los últimos años que crecía en el orden del 1% explicado por la baja tasa de crecimiento económico del país, los expertos consultados indican que era previsible que los indicadores laborales cayeran a su mínima expresión.
“Ya estábamos pasando por un periodo de desaceleración económica. La pandemia encontró al país en una situación de alta vulnerabilidad”, explicó Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP.
Incluso antes del confinamiento, los datos no eran alentadores. En febrero de este año, el MTPE registró que el empleo formal privado se contrajo 1%.
Cuando se decretó la cuarentena, el Ejecutivo dictó la primera medida en materia laboral: la implementación del trabajo remoto. Posteriormente, se dispuso la suspensión de aportes a las AFP en abril y mayo del 2020, y el retiro de hasta S/ 2.000 de su cuenta previsional. Además, se estableció la libre disposición de hasta S/ 2.400 de la CTS.
Conforme el Ejecutivo extendía restricciones, se disponían medidas laborales que no fueron bien recibidas por los trabajadores. Se autorizó que las empresas puedan aplicar la suspensión perfecta de labores. Esto generaría que los trabajadores no tengan ingresos por el tiempo que dure la solicitud que a la fecha puede ser extendida hasta enero del 2021.
No obstante, se anunció que los trabajadores de la Mype que fueron suspendidos recibirían una subvención de S/ 760 hasta por 3 meses, siempre y cuando no sean beneficiarios de algún bono del Estado y su solicitud haya sido aprobada por la Autoridad de Trabajo.
A la fecha, alrededor de 31.000 empresas -que implica aproximadamente 300.000 trabajadores- pidieron acogerse a la suspensión perfecta, de las cuales 23.000 solicitudes fueron resueltas. Además, unos 30.000 trabajadores de la Mype recibirían el subsidio de S/ 760.
Otra medida que se dictó fue el subsidio del 35% a la planilla de trabajadores con sueldos de hasta S/ 1.500 por el periodo de un mes. A pesar de que el Ejecutivo dijo que se evaluaría subsidiar por segunda vez la planilla, a la fecha nunca se concretó.
Según el último informe del INEI, entre abril y junio de este año, la población ocupada del país disminuyó en casi 40%, eso significa que 6,7 millones de personas perdieron su empleo.
Como era de esperarse, las Mypes fueron las que más desocupados sumó, con un promedio de 4,4 millones. Mientras que los sectores más afectados fueron comercio y servicios, que concentró más del 80% de los empleos perdidos.
Además, la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 36%, lo que equivale a 6,7 millones de personas.
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“Se ha reducido la PEA, significa que se redujo el número de personas que están saliendo a buscar empleo. Hay más de 6 millones a nivel nacional que han dejado de trabajar y de buscar empleo. Además, se ha reducido la empleabilidad, es decir la PEA ocupada, por lo cual se han incrementado los indicadores del desempleo”, acotó Huanqui.
Cuadros, por su parte, precisó que esta pérdida del empleo es consecuencia de la paralización de la economía, por lo que es probable que, al ya estar en marcha la reactivación económica, la mayoría de personas se reinsertaría a su empleo. Esto debido a que la mayoría de los que han dejado de laborar son independientes, por lo que al flexibilizarse las medidas restrictivas regresan a sus puestos.
Incluso los trabajadores que laboraban como asalariados en empresas de manera informal habrían regresado a sus puestos pero bajo esa misma condición. “Otros ni siquiera pudieron regresar a ese empleo y han tenido que autoemplearse”, sostuvo el exfuncionario.
Ambos especialistas coinciden en que si bien se verá recuperación en el empleo, esta no sería en su mayoría de calidad.
Huanqui mencionó que el empleo adecuado en Lima ahora bordea el 40% cuando en el trimestre mayo-junio-julio de 2019 se encontraba en 60%. “Lo peor de todo es que los jóvenes son los que más han sufrido”, añadió la especialista.
En tanto, de acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, durante el estado de emergencia (del 16 de marzo al 06 de setiembre), a nivel nacional se registró la salida de alrededor de 1,2 millones trabajadores en el sector privado formal, así como la entrada de 1,1 millones. Esto significa que aún faltan recuperarse 119.000 empleos en el sector formal.
No obstante, Fernando Cuadros advirtió que el 92% que está siendo recontratado en el sector formal privado está bajo la modalidad de contratación temporal, lo que implica una “precarización de estos empleos”.
119 mil empleos formales aún no se logran recuperar, según el MTPE.
92% de las recontrataciones en el sector formal privado se dio bajo la modalidad de contrato temporal.
La agenda que plantea el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) es establecer medidas laborales de manera sectorial.
De esta manera, instalará comités de crisis sectoriales para la reactivación del empleo.
Los sectores que se priorizarán serán construcción, alojamientos y restaurantes, manufactura textil y comercio, según pudo conocer este medio.
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De acuerdo al MTPE, se abordará la problemática de estos sectores y de manera tripartita -trabajadores, empleadores y Ministerio- establecerán medidas para la recuperación de empleos.
Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo
“Gente que está siendo recontratada por el sector formal privado está siéndolo mayoritariamente bajo la modalidad de contratación temporal. De todos los recontradados del 16 de marzo a la fecha, solo el 8% en el sector formal privado ha sido empleado bajo contrato estable”.
Silvana Huanqui, profesora de la UP
“Las estadísticas laborales todavía no se han dejado de mover, hay toda una dinámica detrás porque todavía no acaba la crisis. Sabiendo que hay una reducción de las empresas y un debilitamiento de la actividad empresarial, los indicadores de desempleo pueden aumentar más”.
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Un marco laboral que aliente más la inversión
María Isabel León, Confiep
La cuarentena ha afectado significativamente la actividad empresarial, habiéndose perdido, de abril a junio de este año, 6,7 millones de empleos a nivel nacional. El empleo informal supera largamente al formal y sigue creciendo hacia el 75% de la PEA, la productividad laboral es considerablemente menor frente a países vecinos y tenemos una compleja normatividad laboral que se convierte en una barrera a la formalización por la dificultad en su aplicación.
Consideramos que es necesario contar con un marco laboral que aliente mayor inversión, formalidad, la sostenibilidad de las empresas y protección de derechos, para asegurar la competitividad y productividad del país, a fin de convertirnos en uno desarrollado.
A través de la Agenda de Reactivación 2020, presentamos propuestas de impacto, buscando revertir la afectación económica que han sufrido miles de familias por la pérdida de trabajo.
Así, se plantean medidas para recuperar el dinamismo del mercado laboral, buscando evitar que más gente transite de la formalidad a la informalidad; entre ellas diseñar políticas para impulsar la inversión privada y eliminar trabas de acceso al mercado, implementar un plan de inversión pública de desarrollo de infraestructura y proyectos para generar empleos temporales, acceso a la población de riesgo al seguro de incapacidad temporal de EsSalud, extensión indefinida del trabajo remoto o creación de un régimen de emergencia por un año para empresas comprobadamente afectadas por la crisis.
Apoyar al empleo y mantener los ingresos
Gerónimo López, CGTP
Medidas deben ir orientadas a estimular la actividad económica y apoyar al empleo manteniendo los ingresos.
Se debe implementar políticas fiscales y medidas de protección social, un verdadero bono universal que llegue de manera efectiva a todos (especialmente a los independientes informales, trabajadores del hogar, jóvenes, etc.) y reducciones fiscales para personas de bajos ingresos y Pymes. Debe haber un efectivo apoyo financiero y concesión de préstamos a las microempresas, priorizando el sector comercio, servicios y la agricultura; y crear empleo decente (trabajo productivo y seguro, con respeto de derechos laborales, ingresos adecuados, protección social y libertad sindical).
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Apoyar a las empresas más vulnerables, a fin de mitigar las consecuencias sociales y económicas del confinamiento. Se debe apoyar a los ingresos de trabajadores y empresas que operan en la economía informal, esto para prevenir que se hundan aún más en la pobreza.
Se debe revisar los mecanismos de protección social frente a contingencias como la pérdida temporal del empleo, sea por caso fortuito o por motivos temporales de fuerza mayor; se debe fortalecer la visión sistémica de la protección de la salud junto con la protección del salario del trabajador, integrándolo al seguro por desempleo.
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