OIT exhorta al diálogo social entre trabajadores, empresas y gobierno ante la COVID-19
La organización sostiene que millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en su último informe la necesidad de utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones ante los efectos del Covid-19.
Asimismo, prevé “pérdidas devastadoras de empleo” en todo el mundo por efecto de la pandemia y afirma que existe un “riesgo elevado” de que para final de año la cifra sea significativamente más alta que la previsión inicial de la OIT del pasado 18 de marzo, de 25 millones de desempleados.
Según esta evaluación, más de cuatro de cada cinco personas (el 81%) de las 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo.
A nivel mundial, se prevé que la crisis por el COVID-19 hará desaparecer el 6,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.
Se prevén enormes pérdidas en los distintos grupos de ingresos, en particular en los países de ingresos medios altos (7% o 100 millones de trabajadores a tiempo completo), superando así “con creces”, subraya la OIT, los efectos de la crisis financiera de 2008-2009.
Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas.
Según el nuevo estudio, 1.250 millones de personas están empleadas en los sectores susceptibles de sufrir “drásticos y devastadores” aumentos en los despidos y disminución de los salarios y horas de trabajo. “Muchos de estas personas están empleadas en trabajos mal remunerados, de baja calificación, donde una pérdida imprevista de ingresos tiene consecuencias devastadoras”, advierte el organismo.
A nivel mundial, dos mil millones de personas (la mayoría en las economías emergentes y en desarrollo) y corren un riesgo especial.
Al respecto, la socióloga e investigadora laboral, Alejandra Dinegro, realizó un contraste entre las decisiones de nuestro gobierno peruano con las de otros países y valorar sus impactos, positivos o negativos, en los derechos de las y los trabajadores sobre tres ejes principales: seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y el empleo.
En ese sentido, resaltó el Decreto de Urgencia N° 38-2020, mediante el cual el Gobierno autorizó la suspensión perfecta de labores, de manera excepcional.
“Norma que no especifica el tamaño de empresa, rubro o patrimonio. Esta norma ha sido interpretada como un acelerador para llevar a cabo despidos masivos. Situación que se complica ante la desaparecida presencia de la actividad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo”, explicó.
Al respecto, mencionó ejemplos como el de Argentina y España, en donde se prohibió despidos y suspensiones por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto del coronavirus.
“En Bolivia, el Gobierno pagará el 100% de las facturas mensuales de luz de entre 1 a 120 bolivianos. A su vez, aprobó la entrega de un “Bono Universal” de 500 bolivianos para toda persona mayor de 18 años. Estados Unidos decidió otorgar 1.200 dólares a las personas de bajos ingresos”, comentó.
Asimismo, mencionó otras medidas de protección social que han implementado otras naciones para resguardar el empleo y los ingresos de sus trabajadores.
“Podemos aprender mucho de las experiencias extranjeras y democratizar la distribución de la riqueza. El problema real no es el coronavirus, es el sistema en el que vivimos”, concluyó Dinegro.
