Una reforma que afecta la reinserción juvenil

A los 16 años, ‘Julio’ se vio implicado en una pelea a la salida de una fiesta. Su contrincante sacó un cuchillo y él, en medio del forcejeo para defenderse, hundió el arma en el cuerpo de su atacante. Fue procesado por homicidio y pandillaje y lo internaron en un centro juvenil de Lima. Estuvo allí cuatro años, aprendió carpintería y eso le sirvió afuera. También estuvo en la Marina y hoy tiene una bodega. A veces va al centro donde estuvo internado a dar charlas a los jóvenes contando su experiencia.

A ‘Franco’ lo internaron en un centro juvenil de Cusco también por homicidio, aunque él no fue el autor material, sino que estaba con quien lo cometió. Con el tiempo fue trasladado a Lima y aquí se dedicó a estudiar en los talleres que le daban. Postuló e ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora es bachiller en Derecho. Pasó varios años internado, pero se dio cuenta a tiempo de que estaba yendo por mal camino.

Estos testimonios, entre otros, están incluidos en el informe ‘Volver a empezar, experiencias de reinserción de jóvenes egresados de centros juveniles’ del 2023, realizado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Observatorio Nacional de Política Criminal (Indaga), del Ministerio de Justicia. Si ambos hubieran sido juzgados como adultos y acabado en un penal de mayores, quizá no hubieran tenido posibilidad de resocializarse.

Eso precisamente ha aprobado el Congreso de la República el 7 de noviembre pasado: que los adolescentes de 16 y 17 años sean imputados con la legislación para adultos en caso de cometer delitos graves como sicariato, secuestro, homicidio calificado, violación sexual, robo agravado, extorsión, narcotráfico y terrorismo. También se considera parricidio, feminicidio, pornografía infantil, proxenetismo, posesión ilegal de armas y atentados contra el transporte público. Todo ello, según los legisladores, para detener la actual ola de inseguridad ciudadana.

La medida ha recibido críticas de varias instituciones y expertos en el tema. No se sustenta de qué manera endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal disminuye los índices de criminalidad.

Jennie Dador, abogada y Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que los menores de edad están protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que como Estado ratificamos en 1990. Allí se dice que por debajo de los 18 años no pueden ser juzgados en la jurisdicción penal al igual que un adulto, o condenados a cadena perpetua. La decisión congresal colisiona con ese tratado internacional.

“Incluso tenemos en el Código Penal una figura todavía vigente que dice que entre los 18 y los 21 años son responsables penalmente, pero el juez puede disminuir prudencialmente la condena. Porque se supone que aunque a los 18 años ya eres adulto, todavía el proceso de formación continua. Entonces, hay una imposibilidad por la convención y hay razones del proceso de madurez, de base sicológica, siquiátrica, neurológica”, explica.

La decisión del Congreso también ha sido cuestionada por instituciones que trabajan con menores de edad y que, con seguridad, conocen del tema. Unicef Perú emitió un comunicado recordando también la Convención sobre los Derechos del Niño y señalando que los adolescentes deben ser juzgados en un sistema penal juvenil especializado, que garantice su reinserción social.

“La Convención no ignora la responsabilidad y la imputabilidad de los adolescentes. Nos dice que estos chicos de 16 y 17 años pueden cometer crímenes y pueden ser imputados, pero la pena, el castigo que se les tiene que dar, debe ser conmensurado con su edad y su desarrollo. Que sea una pena restaurativa de sus derechos, reintegradora”, ha explicado Javier Álvarez, representante de esta institución.

Según cifras del Ministerio Público, la participación de adolescentes en la criminalidad total del país fue de 1,51% en el 2023, mientras que la participación de los adultos fue de 98,49%. “El problema de la delincuencia no lo generan los adolescentes, sino los adultos”, dice Unicef. Por lo tanto, esta ley no tendría impacto en el problema que quiere resolver.

Para esta institución, esta medida no es una solución al problema porque en muchos casos los niños y adolescentes son utilizados por organizaciones criminales de las cuales ellos son el último eslabón. Deben ser entendidos más bien como víctimas de las redes criminales, y las acciones del Estado deben apuntar a prevenir y asegurar que los adolescentes sean protegidos y no sancionados draconianamente.

Justicia alternativa

Los centros juveniles que gestiona el Pronacej, en alianza con el Poder Judicial, tienen en la actualidad una población cercana a los 2.000 adolescentes. En esos lugares de internamiento tienen talleres laborales, productivos y educativos. Y educadores que trabajan con ellos. No es un sistema que funcione bien al 100%, pero es un ámbito muchas veces más favorable para su rehabilitación que enviarlos a un penal donde se volverían más avezados.

“Los menores de 18 años tienen un sistema penal juvenil especializado. Hay una justicia restaurativa y un proceso de resocialización. La evidencia que existe en el campo del derecho penal señala que los infractores juveniles son los más recuperables. Si el Estado tuviera que invertir debería hacerlo en ese segmento etario y en los procesos de resocialización. Pero eso no está ocurriendo”, explica Jennie Dador.

Otro punto a considerar es que en la Justicia Penal Juvenil Especializada, los delitos graves cometidos por menores pueden tener una pena de internamiento de hasta 10 años. Si el infractor cumple la mayoría de edad mientras cumple su pena, podría pasar al penal de Ancón que tiene un área específica para ellos. Se sabe que otros penales de adultos están colapsados: ningún delincuente juvenil se resocializaría ahí. En la práctica, la decisión del Congreso de mandarlos a penales les niega a los jóvenes la posibilidad de rehabilitarse.

Dador señala que en el campo de los derechos humanos la norma aprobada por el Parlamento viola el principio de la no regresividad. “Los derechos humanos son progresivos. O vas para adelante o te quedas en el estándar mínimo que firmaste en la convención. Pero no puedes ir para atrás. Eso es lo que está haciendo el Congreso”, dice.

La reforma aprobada deberá ser ratificada por el Gobierno y, según la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, el Ejecutivo podría observar la norma en razón de los tratados internacionales. No obstante, como ha ocurrido antes, el Congreso puede aprobar la norma por insistencia. “Es un despropósito total”, dice Dador.