Caso Consettur: presidente del Congreso presentó contrato con información falsa
En el año 2005 tramitó ante un juez para que se reconozca la existencia y validez de la concesión de Consettur en la ruta a Machu Picchu por un periodo de treinta años. Indecopi determinó que ese contrato no era válido.
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Una raya más al tigre es una expresión que encaja bien cuando se revisa el pasado de Alejandro Soto Reyes, el actual presidente del Congreso de la República.
En el año 2005, el también legislador de Cusco elegido por Alianza para el Progreso (APP) hizo de representante legal de Consettur (Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu SAC).
Esta empresa de transportes tiene la concesión para trasladar turistas a la ciudadela de Machu Picchu. Son los únicos buses que recorren la serpenteante ruta Hiram Bingham que parte desde Machupicchu Pueblo hasta la maravilla mundial. Por ello cobran tarifas diferenciadas para turistas extranjeros, nacionales, estudiantes, etc. La más cara vale 24 dólares y la más módica 8 soles. Un negocio redondo teniendo en cuenta que el recorrido demora menos de una hora (ida y vuelta).
El año 2005, Soto Reyes firmó un documento ante un juez de paz letrado de la provincia de Urubamba, Cusco, para exigir que judicialmente se reconozca la existencia y, en consecuencia, la validez del contrato entre su representada y la Municipalidad Distrital de Machupicchu.
Monopolio. Consettur tiene el usufructo de la ruta a la ciudadela de Machu Picchu de manera exclusiva. Foto: difusión
En la solicitud al juez se adjunta un manuscrito tipeado a máquina con el papel membretado de la municipalidad distrital. En este se precisa que Consettur operará por 30 años esa ruta, el periodo máximo que prevé la ley orgánica de municipalidades. A cambio de los derechos de concesión, la entidad edil recibirá 3.000 dólares mensuales. En sus fundamentos, Alejandro Soto explica las razones de este trámite denominado “reconocimiento de documento prueba anticipada”. Sostiene que ante el cambio de autoridades se pretende desconocer la concesión.
Contrato de dos años
Cuatro años después, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi concluye categóricamente que este contrato al que Soto pretendía dar validez judicial contenía información falsa. En consecuencia, aplicó una multa de 50 unidades impositivas tributarias (UIT) a Consettur.
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La comisión de Defensa de la Libre Competencia inició un proceso sancionador ante las denuncias de existencia de dos contratos.
Concluye que el consorcio obtuvo la buena pro para usufructuar la ruta por un periodo de dos años. Así estaban establecidas las bases del concurso fijadas por la municipalidad en agosto de 1995. Señala Indecopi que este acuerdo inicial tuvo dos variaciones. Lo ampliaron a una década más, siempre precisando que el acuerdo inicial había sido por dos años. Luego suscriben un nuevo documento apelando a la figura de uso de vía. Así, Consettur se quedaría 20 años más. Hasta ahí, no se hace ninguna observación.
Contrato falso
Sin embargo, el 30 de agosto del 2005, en otro proceso, Consettur presentó un contrato firmado el 4 setiembre de 1995 que le autorizaba operar la ruta por 30 años. De un plumazo, desapareció el acuerdo anterior de dos años y sus correspondientes modificatorias.
La Municipalidad Distrital de Machupicchu habría avalado estos hechos.
La fecha 30 de agosto es clave. Semanas antes, Soto Reyes obtuvo del juzgado de Urubamba el reconocimiento y validez del acuerdo de concesión.
La República obtuvo documentos de esa audiencia presidida por el titular del Juzgado Mixto de Urubamba, Víctor Velasco. Estuvo Raúl Sánchez, gerente de la empresa de transportes, y su abogado Alejandro Soto Reyes. Por parte de la municipalidad, Guillermo Cusi Untama, alcalde de Machupicchu en 1985, y Óscar Valencia (alcalde en el 2005).
Ruta Hiram Bingham. Sirve de ascenso a la ciudadela. Foto: difusión
Consettur solicitó el reconocimiento de las firmas. La pretensión era inscribir este acuerdo en los Registros Públicos.
Evidencias de la falsedad
Indecopi, en su informe, enumera varios argumentos para demostrar que el contrato de 30 años carece de validez.
Por ejemplo, cita las bases de la licitación correspondiente al año 1995, la resolución de alcaldía, el acta de la entrega de la ruta, el acuerdo del concejo municipal, etc. En toda esa documentación se precisa que el periodo del usufructo dura dos años, no 30, como lo sostiene Consettur.
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También refieren que cuando al municipio y la empresa de transporte les solicitaron una copia del contrato, estos respondieron que este no obraba en sus archivos. Este procedimiento corresponde a una investigación entre el 2001 y 2002. Sin embargo, en el expediente 003-2005, presentaron el modificado de la concesión de 30 años.
En sus descargos, Consettur indica que la validez del acuerdo de concesión coincide con lo sostenido por la Municipalidad Distrital de Machupicchu.
La comisión de Indecopi no da credibilidad a lo señalado por los funcionarios ediles por su vínculo con la empresa representada por el ahora presidente del Congreso. Tramusa es una empresa de la Municipalidad de Machupicchu y tiene el 38% de participación en Consettur. Corresponde restar credibilidad a los representantes ediles, pues están parcializados con la empresa, concluye la comisión de Indecopi.
Por todos los medios, la empresa que tiene la concesión de Machu Picchu intentó anular la resolución de Indecopi. Incluso recurrió ante los tribunales judiciales. Sin embargo, sus pedidos fueron declarados improcedentes. El caso ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia con resultados adversos.
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Este medio quiso conocer la versión de Alejandro Soto. Se le alcanzó el documento que firma para que dé sus descargos a través de uno de sus asesores. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Testimonio
Humpire: “Me falsificaron la firma, el contrato era de dos años”
El exgerente de Consettur, Segundino Humpire Huallpa, denuncia que le falsificaron su firma para la ampliación de la concesión de la carretera a Machu Picchu.
Humpire señaló que el contrato que suscribió con la Municipalidad de Machupicchu solo fue por dos años. Repentinamente se modificó a 30 años.
La República se comunicó con quien firmó el contrato con la Municipalidad Distrital de Machupicchu, en el año de 1995, por el uso de la ruta hacia la maravilla mundial.
El entrevistado confirmó que dicha concesión era únicamente por dos años.
Humpire contó que, ante el fracaso de la empresa nacional Emturin, era necesario que el sector privado intervenga en el transporte de turistas y pasajeros, por lo que se presentaron a la licitación de la ruta Aguas Calientes-Puente Ruinas, hasta la ciudadela inca de Machu Picchu.
Así es que nace le idea de crear el Consorcio Consettur, conformado por vehículos de las empresas Huaynapicchu, Uctu Pacha y la Municipalidad de Machupicchu, que contaba con seis unidades.
“Las facultades para la autorización las dio el alcalde de Urubamba (Eduardo Guevara) a la Municipalidad de Machupicchu solo por dos años (…), luego increíblemente aparecieron contratos por 30 años” declaró.
Falsificaron su firma
El testigo acusó al entonces teniente alcalde de Machupicchu, Raúl Sánchez, de ser juez y parte en la firma de contrato de concesión, pues también se desempeñaba como presidente de directorio de Consettur. Asimismo, denunció que su firma se habría fraguado.
“En el contrato original aparece mi firma, lo hice por dos años, ni un día más ni un día menos. Después aparece otro contrato en el que habrían falsificado mi firma. Después de ese contrato (1995), todo es falso”, afirmó.
Por último, mencionó que sin necesidad de hacer un proceso judicial se debe cortar la concesión a Consettur, pues se habría actuado “por debajo de la mesa”.
“Me sacaron de la gerencia porque yo iba a devolver la ruta cumplidos los dos años, pero no les convenía y realizaron contratos con documentos falsos”, concluyó
La clave
Juez y parte. El abogado Aarón Medina ha cuestionado este acuerdo. Se trata de una concesión monopólica en la que el municipio oferta la ruta y también gana la licitación. Tramusa forma parte de Consettur y es una empresa de la Municipalidad de Machupicchu.
Soto pide reconocer contrato falso
En 2005 era abogado de Consettur. Se presentó ante un juez de Urubamba para que valide contrato que para Indecopi no tiene valor.
Indecopi hizo una investigación y concluye que el contrato de Consettur tiene visos de falsedad.
Consettur acudió a varios tribunales para anular la resolución de Indecopi, empero esta demanda fue declarada improcedente en varias instancias.
