Percy Castillo: “Ante propuestas que vulneran los derechos humanos, la Defensoría debe pronunciarse”

El abogado Percy Castillo es uno de los nueve adjuntos que han renunciado a la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Josué Gutiérrez por discrepancias con este. Aquí señala que la Defensoría debe pronunciarse ante propuestas como amnistías o jueces sin rostro, porque, si no, la institución pierde credibilidad ante la población.

-Los planteamientos del Congreso de amnistía para policías y militares o jueces sin rostro son medidas inmediatistas contra la inseguridad, pero erosionan la democracia.

-Lo peligroso es que desconocen los derechos fundamentales y, sobre todo, instauran el discurso de que el combate contra la delincuencia solo es posible vulnerando derechos o restringiéndolos, lo que es muy grave. Además, la experiencia histórica ha determinado que figuras como los jueces sin rostro han desembocado en que muchos inocentes hayan pagado cárcel sin tener ninguna responsabilidad y sin haber cometido ningún delito. Definitivamente, no es el camino para luchar contra la inseguridad.

-¿Un peligro del tema de la amnistía es que se podrían cometer excesos contra ciudadanos que protestan y exonerarse de la justicia apelando a este mecanismo?

-El gran riesgo de las leyes de amnistía es que podrían dejar en la impunidad violaciones a los derechos humanos. Las leyes de amnistía se pueden dictar en marcos muy determinados, pero jamás en situaciones que busquen generar que una vulneración a los derechos humanos resulte impune. Eso hoy día está bastante claro, es un tema zanjado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú y también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cualquier violación de derechos humanos por fuerzas militares o policiales debe ser sancionada, debe merecer el reproche y la sanción que corresponde.

PUEDES VER: César Hildebrandt sobre Dina Boluarte: "La mamá tiene 8% de aprobación y 49 hijitos muertos"

-Otras propuestas de tipo punitivo, como la reapertura de los penales El Frontón o El Sepa, suenan incluso descabelladas

-Las autoridades penitenciarias, afortunadamente, han sido claras en señalar que esa propuesta desde el punto de vista técnico y económico es inviable. Pero, además de los temas económicos, hay que tener presentes los temas de derecho. Los penales albergan seres humanos que han cometido delitos, pero los penales también albergan a las personas que los cuidan, todo el personal penitenciario. Las condiciones difíciles que pasa el interno las lleva también consigo el personal penitenciario y también las lleva consigo la visita que reciben estas personas privadas de libertad. Cuando se pretende (ubicar) penales en lugares tan remotos y de tan difícil acceso, terminas afectando primero los derechos de los que van a estar ahí. Por ejemplo, ¿cómo garantizar el derecho a la salud si la evacuación de estos penales, sea El Frontón o El Sepa, podría hacerse solo por helicóptero o por barco?

-¿Le parece que el Congreso y el Gobierno están en sintonía en esta mirada punitiva, autoritaria, para combatir la inseguridad?

-Yo esperaría que la racionalidad prime sobre cualquier fórmula populista. Estas no son las soluciones que nos van a permitir reducir la inseguridad en el Perú y el Ejecutivo lo tiene que tener bien claro. 

-Una institución como la Defensoría del Pueblo, que usted conoce bien, ya debería haber marcado posición respecto a estos temas y no lo ha hecho.

-Hasta el momento no he visto un pronunciamiento claro sobre estos temas. La Defensoría del Pueblo tiene por fin alertar, ser un colaborador crítico del Estado ante propuestas que vulneran derechos o que no son racionales porque han demostrado generar problemas. Cabe que la institución marque su punto de vista, su opinión, con absoluta claridad. La Defensoría tiene un rol importante y ese rol lo debe cumplir a cabalidad. Cada vez que exista una propuesta, sea del Ejecutivo o del Legislativo, que no esté acorde con los derechos humanos, la institución tiene el deber de pronunciarse.

PUEDES VER: Lima y Callao concentran más del 30% de jueces sancionados por la JNJ en todo el país

-Cuando usted renunció a la Defensoría del Pueblo, mencionó algunas diferencias con el actual defensor, Josué Gutiérrez. ¿Cuáles fueron esas diferencias?

-No quisiera referirme a ellas, más allá del marco que ya fue señalado en mi carta de renuncia. Pero son situaciones que fueron puestas en su conocimiento con absoluta claridad.

-¿Pero hay algunos temas que la Defensoría está dejando de lado y que debería tocar?

-Bueno, lo estamos señalando aquí: propuestas que plantean tan dramáticamente vulneraciones de derechos, como las amnistías o jueces sin rostro, merecen pronunciamientos. Pronunciamientos que además se han dado en el pasado. Son posiciones institucionales que ya existen y no deben variar. La Defensoría debe ser respetuosa de su tradición y de las opiniones institucionales que ya ha señalado en su oportunidad. En el pasado siempre se ha pronunciado de manera oportuna, contundente y técnica. Son aspectos que deben valorarse y sobre los cuales debería guardarse coherencia.

-La Defensoría se pronunció contra las amnistías hace un año, con otro defensor, cuando se pretendió la misma figura para militares y policías que cometieron excesos en las protestas del 2022-2023.

-Cada vez que se repiten estas propuestas, la Defensoría no ha guardado silencio. Eso ha permitido a la institución lograr altos niveles de credibilidad. Cuando no se pronuncia, no hace sentir su voz, se corre el riesgo de perder esa credibilidad y contacto con la gente.    

-Los derechos humanos, los derechos ciudadanos, parecen no importarles mucho a nuestras más altas autoridades.

-Lo que parece es que quieren crear un discurso que contrapone el respeto a los derechos, con la lucha contra la inseguridad. Eso es un marcado error y es algo que la ciudadanía no debe permitir. Debemos estar convencidos de que es posible derrotar a los criminales con las armas que nos dan la Constitución y las leyes.