Testigos brasileños ponen en jaque a exfuncionarios del Tren Eléctrico de Lima

En evidencia. La Fiscalía Anticorrupción presentó como prueba sus declaraciones que demuestran que ex directivos de AATE no sancionaron con penalidad de S/ 50,9 millones al consorcio Odebrecht-Graña y Montero. PJ deja caso al voto.

10 Feb 2018 | 6:15 h

El ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plasencia Contreras y otros cuatro ex funcionarios de la misma entidad han planteado la nulidad del testimonio de tres testigos brasileños con el propósito de evitar una condena por haber pasado por alto una penalidad de 50 millones de soles al consorcio compuesto por Odebrecht y Graña y Montero (GyM).

La Contraloría General de la República advirtió a la AATE que, no obstante que el Estado cumplió con abonar el dinero, el consorcio de Odebrecht y GyM incumplió con suministrar en la fecha acordada equipamiento electrónico y otras piezas fundamentales del Tramo 1 del Tren Eléctrico.

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La misma Contraloría también observó que el consorcio contrató especialistas que no eran los profesionales calificados que ofertó al obtener la buena pro.

En una comunicación escrita, la Contraloría indicó expresamente a la AATE que debía cumplir con las obligaciones contractuales y aplicar una penalidad de 50,9 millones de soles al consorcio por incumplimiento del contrato.

Sin embargo, el director de la AATE, Oswaldo Plasencia; el encargado de la jefatura de Obras Civiles, Jorge Urdanivia Davelouis; el encargado de la Transferencia de Bienes al Concesionario, Johnny Garro Fernandini; y el director del proyecto, Robert Kurt Jungkind; no acataron las indicaciones de la Contraloría.

Evidente maniobra

El 7 de noviembre del 2017, la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Ingrid Morales Deza, que ventila el caso contra los cinco ex funcionarios de la AATE, admitió las declaraciones de tres testigos que presentó el Ministerio Público para sustentar la acusación contra estos.

Los testigos son los ingenieros brasileños Enrique Melman, Fabio Andreani Gandolfo y Sergio Dorado, quienes a pesar de que fueron contratados por Odebrecht y GyM posteriormente fueron reemplazados por profesionales de menor jerarquía, según el Ministerio Público.

La defensa de los cinco ex funcionarios de la AATE, a cargo del abogado Benji Espinoza Ramos, apeló la decisión de la jueza Ingrid Morales con el argumento de que la presentación de los testimonios de los ingenieros brasileños se hizo de manera extemporánea y que en todo caso debieron entregarse no por escrito sino de forma oral. Por lo tanto, solicitó que los jueces no tomen en cuenta la manifestaciones de los testigos acreditados por el Ministerio Público.

Queda al voto

Al elevarse el caso en apelación, el expediente recayó en el despacho del fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Martín Salas Zegarra.

En la audiencia del último martes 6 de febrero en la Primera Sala Penal de Apelaciones, el fiscal Salas expresó que las declaraciones de los ingenieros brasileños eran pruebas importantes que deben incorporarse en el juicio, puesto que permitirán demostrar que los ex funcionarios estaban obligados a aplicar la penalidad de 50,9 millones de soles al consorcio de Odebrecht y GyM.

La presidenta de la Sala, Aissa Mendoza Retamozo, observó que en la etapa del proceso no está permitida la incorporación de pruebas escritas sino solo las orales.

No obstante, el artículo 383º del Código Procesal Penal señala que las declaraciones escritas pueden ser incorporadas en el juicio para su respectiva lectura. Y el inciso “d” del mismo artículo incluye “la declaración de testigos actuadas mediante exhorto”, como es el caso de los brasileños Enrique Melman, Fabio Andreani Gandolfo y Sergio Dorado.

Con un fallo a favor de la recepción de los testimonios, se permitirá sancionar a los ex funcionarios y el Estado cobrará a Odebrecht y Graña y Montero la penalidad de 50,9 millones de soles.

Ingenieros brasileños no vinieron al Perú

- De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el incumplimiento del contrato por parte de Odebrecht y GyM “se corrobora con el movimiento migratorio de los ingenieros brasileños”.

- “En el caso de Fabio Andreani Gandolfo, no registra ni ingresos ni salidas del Perú durante los años de la ejecución de la obra”, precisa la fiscalía.

- Cuando la Contraloría advirtió a los directivos de la AATE de las irregularidades cometidas por el consorcio de Odebrecht con GyM, “debió proceder con la resolución del contrato”, señala la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

- Plasencia, en lugar de reclamar al consorcio, justificó que este presentara a profesionales no calificados.

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