Caso Madre Mía sí puede reabrirse. El asunto es con qué pruebas

Controversia. Magistrados y abogados discrepan de la metodología que debe emplear la fiscalía para romper la cosa juzgada. Coinciden en que la compra de un testigo no es suficiente y nueva investigación alcanzaría a otros jefes.

Base. La fiscalía debería identificar a los posibles cómplices de Ollanta Humala.

Base. La fiscalía debería identificar a los posibles cómplices de Ollanta Humala..

La nueva investigación a Ollanta Humala podría avanzar por otros crímenes que recién se están conociendo, en base a nuevos testigos y otras pruebas.

La nueva investigación a Ollanta Humala podría avanzar por otros crímenes que recién se están conociendo, en base a nuevos testigos y otras pruebas..

César Romero

Confirmar que un testigo fue comprado o que otros dos nunca escuchados antes confirman las ejecuciones extrajudiciales en la base contrasubversiva de Madre Mía no será suficiente para reabrir la investigación al ex presidente Ollanta Humala.

Abogados y magistrados coinciden en que sí es posible reabrir la investigación, pero discrepan de la forma de hacerlo. Unos creen que se debe seguir un proceso denominado de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y otros, que el único camino es una sentencia o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PUEDES VER: Caso Madre Mía: Nuevo testimonio compromete a Ollanta Humala de ordenar asesinatos extrajudiciales

En ambos casos, el camino será largo y podría demorar un par de años, de tal manera que Ollanta Humala volvería a llegar a las elecciones del 2021 con un proceso abierto por violación de derechos humanos, como en las elecciones del 2006.

Lo otro, en lo que hay coincidencia, es que será vital la voluntad de la fiscal Edith Chamorro para encontrar algo más que testimonios nuevos. Se necesitará prueba documental, informes periciales, cuerpos de víctimas que le permitan revertir la conclusión anterior, la que permitió archivar el caso. Y, sobre todo, no dejarse llevar por pasiones o presiones políticas, pues eso desvirtuaría cualquier nuevo testimonio.

El proceso

En principio, debe tenerse en cuenta que la acusación contra Humala por el asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro no fue archivada por el Poder Judicial. Esa es una apreciación equivocada difundida por los voceros fujimoristas más interesados en mellar la credibilidad del ex presidente del Poder Judicial César San Martín Castro, que en conocer la verdad.

El caso Madre Mía se archivó porque el Ministerio Público, a través de dos de sus fiscales más reconocidos y apreciados en el sistema de protección de derechos humanos, Víctor Cubas Villanueva y el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dijeron que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

También es un error decir que el caso se archivó porque Jorge Ávila Rivera se retractó, y al descubrirse que le pagaron, el caso debe reabrirse.

Para archivar la denuncia contra Humala, la fiscalía tuvo que en dos años y cinco meses de investigación se recibieron y evaluaron 78 testimonios, cuatro declaraciones de Humala y una confrontación con Teresa Ávila, además de certificados médicos, informes antropológicos, informe de ubicación del lugar conocido como "Matadero", excavaciones exploratorias, seis informes del Ministerio de Defensa, declaraciones ante la Comisión de la Verdad, visualización de videos y cuatro diligencias de reconocimiento.

El capitán Carlos

Jorge Ávila declaró cinco veces y presentó una declaración jurada retractándose de parte de su declaración. Ávila insistió en el asesinato de su hermana y cuñado a manos de efectivos militares, pero dijo que no estaba seguro de que el "Capitán Carlos" fuera el hoy ex presidente Ollanta Humala Tasso.

Otros tres testigos, familiares de las víctimas, al declarar ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, habían dicho que la base de Madre Mía estaba a cargo del "Capitan Serpa" o del "Capitán Carlos Esparza".

Por su parte, el general EP Benigno Leonel Cabrera Pinto, comandante del batallón Contrasubversivo 313, habló que en junio de 1992 la base de Madre Mía estuvo dirigida por el capitán Martínez.

Con base en este cúmulo de elementos, Víctor Cubas y Pablo Sánchez dijeron que no había pruebas para acusar a Ollanta Humala de desaparición forzada de personas, asesinato y lesiones graves.

Sin acusación, no hubo juicio. El 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, solo podía revisar que la decisión se ajustaba a la ley, consideró que sí y aprobó el archivamiento.

Reabrir el caso contra Humala requerirá, dicen jueces y abogados, explicar el hallazgo de nuevos testimonios y otras pruebas de tal fuerza y magnitud que no dejen dudas de la comisión del delito. Además, se debe demostrar por qué no fueron conocidas antes.

La compra de testigos

En este último contexto, la declaración de Jorge Ávila y el posible pago por el cambio de su testimonio carece ya de relevancia para investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía.

El testimonio pasado o nuevo de Jorge Ávila siempre será sospechoso, pues no se sabe cual es la verdad: la primera que contó, la segunda, con el pago, o la tercera, de cuando se le terminó el dinero. Además, sobre la supuesta compra del testimonio sí hubo acusación y juicio. La fiscalía pidió seis años de prisión para Amilcar Gómez Amasifuén, Rubén Gómez Reátegui y Jorge Ávila por delito de cohecho en la compra de un testigo.

Luego del juicio, el 2011, la Segunda Sala Penal Liquidadora y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dijeron que las declaraciones sobre los pagos a Ávila eran contradictorias y que no se demostró que Gómez Amasifuén tenía los fondos para hacer efectivo el supuesto soborno.

Nuevo proceso

Confirmar que hubo un pago para cambiar el testimonio de Jorge Ávila durante la investigación fiscal no demuestra automáticamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía. Eso tampoco demuestra que el "Capitán Carlos" u Ollanta Humala diera las órdenes.

Más allá de las pasiones o intereses políticos, conocer la verdad de lo que sucedió en Madre Mía, durante la guerra contrasubversiva, requerirá de nuevos testimonios que puedan ser comprobados.

También se debe definir la situación de los otros mandos militares, pues uno o dos asesinatos aislados pueden pasar inadvertidos, pero una serie de crímenes o el uso de helicópteros para desaparecer los cuerpos requiere de mayor logística, complicidad y apoyo.

Así, la lista de implicados puede crecer, del autor directo hasta llegar al autor mediato, aquel que permitió y avaló estos crímenes.

Jefes militares

  • Denuncia. En la denuncia primigenia del caso Madre Mía también fue incluido el general Eduardo Bellido Mora, jefe político militar del Huallaga en 1991 y 1992, cuando ocurrieron los sucesos de Madre Mía.
  • Jefes. Además, los jefes de Estado Mayor, los de inteligencia y del Batallón Contrasubversivo 313 sobre los cuales la fiscalía no ha dicho nada.
  • Investigación. La fiscal Edith Chamorro inició una nueva investigación contra los que resulten responsables, que serían varios.

Fiscal Juárez interrogará a Jorge Barata

El fiscal Germán Juárez Atoche viajaría este miércoles al estado de Sao Paulo, en Brasil, para ampliar la declaración del ex presidente ejecutivo de Odebrecht Latinvest en Lima, Jorge Barata.
Juárez suspendió ayer la declaración de Nadine Heredia hasta ampliar el testimonio de Barata, sobre la entrega de los US$ 3 millones en la campaña electoral del 2011.
El viernes último, tras negociaciones entre la defensa de Barata y la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradición de la Fiscalía de la Nación del Perú, la justicia de Brasil aceptó que se amplíe la declaración del colaborador eficaz.
A fines de enero, Barata declaró ante el fiscal Hamilton Castro que Odebrecht entregó US$ 3 millones a la campaña electoral del Partido Nacionalista en las elecciones del 2011, entre otros actos de corrupción.
Germán Juárez quiere descartar si también hubo aportes el 2006, como asegura Martín Belaunde y si este aporte tenía como contraparte algún beneficio o contrapartida para la empresa en el gobierno de Humala.

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