Madre Mía genera un súbito interés en tema fundamental.,La promoción de los derechos humanos no puede atravesar por mejor momento en el Perú, porque si hasta la congresista Lourdes Alcorta los defiende ahora, ya es una señal de la amplitud tan valiosa que ha alcanzado la toma de consciencia de este concepto fundamental en una sociedad que pretenda ser democrática, lo cual requiere que proteja los derechos de todas las personas y castigue a los que los violen. Es cierto que este espíritu inusitado de la defensa de los derechos humanos en gente como la parlamentaria Alcorta no parece obedecer –como debería– a un asunto de principios sino de interés político puro derivado de la reaparición del caso Madre Mía que involucra al ex presidente Ollanta Humala. Las conversaciones en la interceptación judicial hecha al ex presidente Humala, más allá de si fueron debidas o indebidas, contienen información muy relevante porque aluden a la presunta compra de un testigo en el caso Madre Mía en el que se le acusó de cometer actos de violación de los derechos humanos cuando, en 1992, era capitán del ejército y dirigía una base militar en San Martín. Más allá de la implicancia judicial que llegue a tener esta información –y que ojalá la tenga por la importancia de los derechos humanos–, la misma es importante porque vuelve a generar dudas sobre la participación de Humala en una desaparición forzada así como en la obstrucción de la justicia al comprar a un testigo. Este hecho ha generado un interés inusitado de gente como Alcorta, entre varios otros, por los derechos humanos, a pesar de que antes el tema le interesaba muy poco, y menos aún las violaciones cometidas por personas vinculadas al fujimorismo en el que ella milita, con su reconocido entusiasmo, en este lustro político. Pero no importa el motivo. Lo relevante es que, por la razón que sea, se empiece a entender que la defensa y la promoción de los derechos humanos no es, en modo alguno, propiedad de un solo sector político, sino que es un asunto fundamental en una sociedad democrática que debe ser defendido absolutamente por todos, desde la izquierda a la que usualmente se lo asocia, hasta la derecha, pasando por el centro político y por todos sin excepción. Cuando se entienda, realmente, que los derechos humanos de todos los ciudadanos deben ser defendidos por todas las personas, sin distingo de su orientación política, el Perú estará avanzando hacia la conformación de una sociedad más democrática y digna.