Editorial del diario El País (*) Durante la campaña a las elecciones del 20-D, Pablo Iglesias trató de alejar su discurso de aquella frase insurreccional lanzada un año atrás en el congreso de Podemos: “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto”. Buscaba una nueva credibilidad socialdemócrata, dado que su principal objetivo no era otro que rebasar al PSOE y convertirse en el principal dirigente de la oposición. Tras comprobar que las urnas traían un resultado bueno pero no el sorpasso apetecido, el líder de Podemos se apresuró a mostrar su tacticismo más oportunista al establecer como “imprescindible” la exigencia de un referéndum para Cataluña, sin duda consciente de la imposibilidad de que el PSOE, en una negociación de investidura, aceptara la idea simplista de una votación a todo o nada sobre la independencia. Se suponía que la prioridad de Podemos iban a ser las cuestiones sociales. Lo que hemos descubierto en los pocos días transcurridos desde las elecciones es que Iglesias ha necesitado una nueva maniobra para matizar el impacto negativo de la prioridad dada al referéndum. Consiste en la Ley 25, destinada a frenar los desahucios, prohibir los cortes de luz y agua por falta de pago y poner fin a los copagos farmacéuticos. Se trata de hacerlo teatralmente, presentándola en la Cámara el día mismo de su constitución, a sabiendas de que para su hipotética aplicación lo primero que ha de ocurrir es que la legislatura arranque después de formarse un Gobierno. Intenta así salvar la cara ante los millones de electores que votaron a Podemos creyendo que este tipo de temas iban a ser los realmente importantes. El énfasis dado al anuncio de la iniciativa social no ha sido bastante como para retirar la exigencia del referéndum. Los equilibrios de Pablo Iglesias tropiezan con la realidad de que es prisionero de la compleja composición de las marcas aliadas. Al menos los 12 diputados de En Comú Podem mantienen la exigencia del referéndum: ayer mismo se encargó de recordarlo uno de ellos, Xavier Domènech —muy próximo a Ada Colau—, que además pidió a los del PSC que se sumen a su posición. No puede estar más clara la voluntad de bloquear toda eventual negociación con el PSOE: tanto si los diputados catalanes forman grupo propio como si no, una parte de la fuerza parlamentaria de Podemos plantea una condición inasumible para los socialistas. Los cálculos tacticistas dominan esta parte de la llamada nueva política al menos tanto como la que criticaba anteriormente. La actitud de Podemos impide cualquier Gobierno alternativo al del PP. Y si el partido de Mariano Rajoy tampoco consigue apoyos, habrá que votar de nuevo. Iglesias no parece dar mucha importancia a que la legislatura quede bloqueada, sea preciso repetir las elecciones —con un Gobierno, el de Rajoy, en funciones durante cinco meses— y el país a la espera de lo que pueda dar de sí otra larga e incierta campaña electoral, de la que Pablo Iglesias espera beneficiarse agudizando las contradicciones de su adversario. Pero el líder tacticista debería tener mucho cuidado con vender la piel del oso antes de haberlo cazado. (*) 31 de diciembre 2015
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