La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista. El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario. Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes. El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande, Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina. En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante. . La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez. . El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194). Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia. Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad). http://juandelapuente.blogspot.pe/
