El Congreso promueve normas que afectan a los derechos humanos
Polémicos. En este informe exponemos cinco proyectos de ley que han merecido las críticas de diferentes especialistas por el nivel de impunidad que generan, la desprotección de derechos fundamentales y faltas de garantías de un debido proceso.
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En los últimos meses, desde el Parlamento se viene promoviendo una serie de proyectos e iniciativas legislativas que ponen en riesgo los derechos humanos. Entre ellos figura la propuesta para beneficiar a militares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, la amnistía para policías procesados en el marco de la lucha contra el crimen organizado, el retorno a los tribunales sin rostro en procesos contra organizaciones criminales y la creación de una comisión que pretende hacer reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el claro objetivo de denunciar el Pacto de San José, entre otros.
Prescripción para procesados por lesa humanidad
Los congresistas Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y José Cueto, de Renovación Popular, plantean la prescripción de los procesos y sentencias ejecutoriadas antes del año 2002 y que se hayan basado en delitos establecidos en el Estatuto de Roma, como el de lesa humanidad. El argumento que esgrimen es que tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad entraron en vigor en el Perú en los años 2002 y 2003, respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo con la iniciativa, no deberían aplicarse de manera retroactiva.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera alertó de que esta propuesta legal beneficiaría a militares procesados y condenados por crímenes contra los derechos humanos calificados como lesa humanidad y también a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos sentenciados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
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El jurista aclaró que de los 105 casos con sentencias por violaciones a los derechos humanos, 35 han sido declarados como crímenes de lesa humanidad, sobre la base de la ley penal nacional y no sobre el Estatuto de Roma.
Amnistía para policías y militares
El partido Alianza para el Progreso (APP) ha propuesto la amnistía para policías y militares que sean procesados judicialmente por sus acciones durante la lucha contra el crimen organizado y en el marco de un estado de emergencia.
El secretario general de APP, Luis Valdez, argumentó —en una carta enviada al titular del Congreso, Alejandro Soto— que se necesitan medidas drásticas que permitan que las fuerzas armadas y policiales actúen con eficacia y sin temor a futuros procesos judiciales.
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Percy Castillo, exadjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, advirtió que con esta propuesta cualquier exceso que pudieran cometer las fuerzas del orden en el combate contra la delincuencia no podría ser sancionado y quedaría impune.
Consideró que se estaría dando un mal mensaje a policiales y militares para que cometan cualquier delito y, por lo tanto, sería una carta blanca para que se produzcan abusos, sin responsabilidades posteriores. Explicó, además, que en nuestra Constitución la amnistía se contempla para eventos que ya ocurrieron y no para situaciones futuras.
Comisión de alto nivel para reformas al SIDH
El Congreso aprobó la creación de una comisión de alto nivel para plantear una serie de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
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Según la propuesta, si la Organización de Estados Americanos (OEA) no implementa dichas reformas en 180 días, el Poder Ejecutivo “deberá evaluar la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El exagente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Adrián Simons, ha dicho que denunciar este tratado internacional sería un gravísimo error histórico del Perú, porque nos dejaría desprotegidos a todos los peruanos, pues al no formar parte de este sistema de protección de derechos humanos, no se podría recurrir a la comisión ni la Corte Interamericana si el Estado viola nuestros derechos.
También ha sostenido que cualquier modificación a este tratado tarda años en concretarse porque es producto de negociaciones intensas entre los países miembros de la OEA. En tal sentido, ha recalcado que el Perú no puede imponer unilateralmente un plazo para realizar enmiendas al también llamado Pacto de San José.
Creación de tribunales sin rostro
El congresista Juan Burgos, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó un proyecto de ley que autoriza al Poder Judicial que disponga la creación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Se precisa que la identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en estos procesos será secreta y que las resoluciones judiciales no requieren ni sus firmas ni sus rúbricas.
El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva refirió que esta iniciativa atenta contra los derechos humanos, pues la intervención de jueces sin rostro viola el debido proceso y la tutela judicial. En ese sentido, dijo que nuestra Constitución establece como garantías que una persona solo puede ser juzgada por un juez independiente, ordinario, imparcial y que sea predeterminado por la ley. Remarcó que, al no saberse su identidad, no se le podría recusar o apartar de un proceso judicial.
Pena de muerte para violadores y sicarios
El parlamentario Luis Aragón, de Acción Popular, presentó un proyecto para incorporar la pena de muerte en caso de violación de menores de edad, sicariato, extorsión y tráfico de menores. Señala además que el Estado debe realizar los procedimientos establecidos por ley para retirarse de los tratados internacionales vinculantes.
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El abogado Carlos Rivera expresó que esta iniciativa no solo es contraria a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, sino que la aplicación de la pena de muerte no significa ningún tipo de acto que genere una inhibición para cometer nuevos hechos delictivos.
Agregó que el Estado no puede tener como política matar gente, sino establecer políticas de resociabilización. Indicó que se tendría que denunciar la Convención Americana porque en esta hay normas de prohibición de incorporación de nuevas causas para aplicar la pena de muerte.
Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en periodismo de la Universidad de Piura (UDEP). Redactora de la sección política del diario La República. Experiencia como redactora e investigadora para el área política de otros medios impresos y de televisión.
