Jaime Villanueva reveló trueque de favores con congresistas investigados

El mes de mayo del año pasado fue clave en la planificación de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos. Así lo confirmó Jaime Villanueva, el exaseso Su testimonio forma parte de la acusación que prepara la fiscal suprema Delia Espinoza y esta versión compromete a 14 congresistas, 5 de los cuales presentaron ayer una denuncia constitucional para exigir su inhabilitación de la función pública por 10 años. Se trata de Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Ilich López (Acción Popular) y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular).

Como se sabe, la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, consideraba a su homóloga Zoraida Ávalos como un obstáculo en su gestión. En mayo, el Congreso alistaba la votación del informe final de la acusación contra Ávalos y la intención fue sacarla del camino. Ese plan estuvo orquestado por parlamentarios que, según Villanueva, ofrecieron sus votos a favor a cambio de conseguir impunidad en los casos conocidos como Mochasueldos, Los Niños, entre otros.

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Más revelaciones de Villanueva

La República accedió a estas declaraciones de Villanueva tomadas por el Ministerio Público. El documento señala que días previos a la votación del juicio político contra Ávalos, Abel Hurtado, otro exasesor de Benavides, habría coordinado una reunión entre Edgar Tello y Villanueva, también conocido como el Filósofo. “El encuentro se concretó en la oficina de la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso para pedirle que emita su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos, lo que habría aceptado Edgar Tello, solicitando (a cambio) que se archive el caso conocido como ‘Mochasueldos’ y la investigación 204-2022”.

Además, Villanueva contó que el congresista del Bloque Magisterial le ofreció más votos de sus compañeros de bancada.

El factor Edgar Tello

El asesor dijo que le transmitió el pedido a la fiscal Benavides, quien ordenó que se archive la denuncia por recorte de sueldo contra Tello y la otra por tráfico de influencias recién a mediados de este año, a fin de evitar cuestionamientos de la prensa.

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Como se sabe, el congresista Tello fue denunciado por una trabajadora tras presuntamente pedirle un aporte de su sueldo. La asesora fue despedida luego pese a estar embarazada. Y esta decisión ocasionó que el Congreso pague una multa de medio de millón de soles a la Sunafil. El caso solo ha llegado a la Comisión de Ética, que preside Diego Bazán, de Avanza País, quien hasta la fecha no presenta el informe final. Por otro lado, en la otra instancia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Fiscalía de la Nación jamás presentó una denuncia constitucional.

La otra indagación está relacionada con el caso Los Niños. Tello, cabe recordar, votó a favor de inhabilitar a Ávalos el 21 de junio del 2023, y en la actualidad no hay una denuncia constitucional al respecto contra él.

Los ‘niños’ y Patricia Chirinos como nexo de la reunión

Villanueva narró, además, que en mayo del 2023 la congresista de Avanza País Patricia Chirinos se comunicó con él vía WhatsApp: “Le habría indicado que deseaba presentarle al congresista Luis Aragón, de Acción Popular, quien tenía una investigación y deseaba que lo favorezcan a cambio de que emita su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos”. Entonces, agregó, Chirinos lo invitó a reunirse con él en un inmueble de Jesús María.

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El encuentro, afirmó, se dio al día siguiente con la presencia del congresista Aragón. “El último de los nombrados le habría indicado a Villanueva que tenía una investigación en su contra junto con otros congresistas de su bancada por haberse reunido con Pedro Castillo, a quien le había solicitado puestos de trabajo para sus recomendados a fin de que ellos voten en contra de la vacancia”. Se trató del caso Los Niños.

El Filósofo le trasladó la inquietud a Benavides, quien habría aceptado el trueque, pero decidió que la indagación contra Aragón se archive a mediados del 2024 “para no levantar suspicacias”. El acciopopulista terminó votando a favor de la inhabilitación de Ávalos.

Y él no es el único representante de Acción Popular mencionado.

Villanueva narra que ese mes Abel Hurtado, el otro exasesor de Benavides, le coordinó una reunión con el congresista de Acción Popular Ilich López para pedirle que vote a favor de la acusación contra Ávalos. López aceptó respaldar la inhabilitación de la exfiscal, según Villanueva, con la condición de que sea archivada su investigación en el caso Los Niños.

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Después se reunieron Villanueva, Benavides y el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La versión que maneja la Fiscalía es que “la investigada ordenó que se apoye al congresista Ilich López para que no se formule denuncia constitucional”.

El 16 de mayo del año pasado, la Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional por el caso Los Niños antes de la votación del caso Ávalos. En esa acusación no están incluidos los legisladores Aragón y López.

La denuncia de los investigados

El 11 de enero de este año, la fiscal Delia Espinoza inició diligencias preliminares contra Benavides. Dicho oficio menciona que el congresista de Acción Popular Luis Cordero Jon Tay le solicitó a la exfiscal de la Nación que archive la indagación en su contra por integrar una presunta red de espionaje en el Gobierno de Pedro Castillo, que involucra también a Jorge Hernández, alias el Español. El exfujimorista respaldó la inhabilitación de la exfiscal Ávalos y hasta la fecha no hay luces sobre el avance del otro caso.

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Estos cinco congresistas (Chirinos, Cordero Jon Tay, Tello, Aragón y López) ahora exigen que la fiscal que los investiga sea inhabilitada de la función bajo el argumento de que no le corresponde a ella acusar a altos funcionarios. Según estos legisladores, el único que puede realizar esas pesquisas es el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena.

Este diario buscó la versión de los cinco legisladores, pero solo dos respondieron. En el caso del congresista Tello, cuando se le consultó vía WhatsApp si tuvo acercamientos con Villanueva, no contestó.

Entre los que brindaron su versión, está Ilich López, de Acción Popular. “Yo suscribo todo lo que menciona la denuncia constitucional y es todo lo que tengo que decir”, dijo. Y sobre Villanueva respondió: “Yo no conozco a ese señor. Lo que diga un delincuente me tiene sin cuidado. Una persona que se acoge a un beneficio dentro de una investigación para aplacar su pena es alguien que reconoce un delito”, manifestó.

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Su colega de bancada Luis Aragón se pronunció en similar sintonía. “Nosotros vamos por el principio de legalidad. El fiscal de la Nación es quien tiene que realizar las investigaciones”. Y sobre las acusaciones de Villanueva: “Que presente los medios probatorios respectivos, es una tarea del Ministerio Público. Si tenía tantas pruebas, ¿por qué destruyó sus dos celulares? Son dichos”, manifestó. Y negó haberse reunido con Chirinos y Villanueva en Jesús María. “Yo me lo encontré en algunas oportunidades en el Congreso, cuando se trató los temas vinculados a la ley de presupuesto”, aseguró.

Lo concreto es que ambas versiones están en indagación preliminar y que el 4 de enero, mediante una resolución, el Ministerio Público dispuso que la fiscal Espinoza pueda investigar a funcionarios aforados, en este caso congresistas. Pero ahora ellos buscan apartarla del camino, le imputan usurpación de funciones y demandan su inhabilitación. ¿Se repetirá la historia de Zoraida Ávalos?

Demora conveniente y el preludio de la casería del sistema de justicia

Las idas y vueltas en ese juicio político ponen en contexto negociaciones señaladas por el exasesor de Benavides. El jueves 25 de mayo del 2023, el entonces titular del Congreso, José Williams, postergó el debate del informe final contra la exfiscal Ávalos, excusándose en que su colega de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien era el ponente, estaba de licencia médica.

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Pero Bustamante sí estaba apto para exponer. En un oficio enviado a Williams, al que accedió este diario, le recalcó que, pese a encontrarse mal de salud, podía sustentar de manera remota y le solicitó las herramientas para hacerlo. A pesar de ese requerimiento, la sesión se pospuso.

Según Villanueva, quien estuvo detrás de esa dilación fue la congresista de FP Martha Moyano, quien “habría coordinado con el congresista Ernesto Bustamante que aquel solicite una licencia por salud, siendo ello la justificación para reagendar la votación y así lograr los votos requeridos, lo que efectivamente ocurrió”.

Casi un mes después, el 21 de junio, el Pleno aprobó con 71 votos la inhabilitación de la exfiscal Ávalos con el aval del fujicerronismo y sus aliados. Luego de ello, la coalición que domina el Congreso agudizó su casería contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras revelarse las delaciones de Villanueva y la suspensión de Benavides. Ese ataque terminó con otras víctimas: los salientes magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.

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A estas alturas, las arremetidas contra Ávalos, Tello y Vásquez son parte del historial de un Congreso que usa el juicio político de manera subjetiva, imponiendo los votos contra quienes no se alinean a sus pretensiones.