‘La Gran Alianza’ está detrás de ataques que dejaron 3 muertos y 60 heridos en Pataz

La criminalidad organizada tiene prácticamente secuestrada Pataz, uno de los principales enclaves de minería ilegal, ubicada en La Libertad. Grupos criminales dedicados a esa actividad, así como a la trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones, lavado de dinero, entre otros delitos, han ganado mayor hegemonía a través de acciones violentas

El llamado de la presidenta Dina Boluarte a "no vamos a permitir que la delincuencia pretenda desestabilizar las acciones económicas en sectores como la minería”, es producto del desespero de las autoridades que ven con preocupación cómo más bandas criminales van surgiendo en el país.

Una de estas redes, sindicada como la principal responsable de los últimos atentados que dejaron tres muertos y al menos 60 heridos, es ‘La Gran Alianza’.

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Este grupo delictivo, además de aumentar el temor por la confrontación armada, preocupa que, pese a que su cabecilla, Josué Oliver Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, fue asesinado el año pasado en Colombia, mantenga viva la lucha por el control territorial y por la hegemonía.

Identifican a fallecidos

La noche del viernes ‘La Gran Alianza’ mostró su poderío en armas, atacando una minivan en la que murieron dos personas y otras diez resultaron heridas, amenazando con inyectar mayor violencia a la que ya se viene viviendo en esa región donde, previamente, había sido asesinado otro minero artesanal informal tras el derribo de una torre de alta tensión.

Eran casi las 9.00 de la noche del viernes cuando la minivan T7R-564 fue emboscada por presuntos sicarios. La unidad transportaba a agentes de seguridad y a personal ligado al empresario minero Luis Chacón Centurión, informó la Policía.

Como consecuencia del ataque fallecieron Alexander Galarza Huachihuaco y Edikson Jiménez Peña. El primero de ellos había sido intervenido el 17 de marzo con otras cinco personas por presunta tenencia ilegal de armas de fuego.

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‘COTE’ Y LA GRAN ALIANZA

De acuerdo a recientes informes policiales, ‘La Gran Alianza’, es un grupo que opera en la zona de Pataz, perpetrando constantes enfrentamientos con otras bandas criminales, también vinculadas a la minería ilegal.

Hasta antes de ser asesinado ‘Gato Cote’ o ‘Doctor’ era un escurridizo sujeto que había acumulado un amplio prontuario policial en las últimas dos décadas.

Tenía 45 años, y estuvo preso en el penal de Challapalca durante tres años por pertenecer a la banda criminal ‘Los pulpos de la cruz verde’. Salió en libertad en el año 2018 y en poco tiempo pasó de ser un extorsionador más en Trujillo a ser uno de los capos del crimen en la sierra de La Libertad.

En el 2019 empezó su ascenso, primero como seguridad de diversos mineros en proceso de formalización, luego se dedicó a robar el mineral extraído y finalmente se adueñó con violencia de los socavones, para operar bajo la fachada de un supuesto exitoso empresario minero.

“SIN ESPACIO PARA ILEGALES”

Hay quienes consideran que Pataz estaría fuera de control. Con más de 30 plantas de beneficio o tratamiento de mineral que operan ilegalmente y un promedio de 22 volquetes que a diario salen con una carga de 30 toneladas de material aurífero, la zona puede indicar lo que sucedería en el resto del país si la relación entre la fiebre del oro y las masacres de sicarios al servicio de las mafias se profundiza.

Desde el ‘Cuarto de Guerra’, la presidenta Dina Boluarte reiteró el sábado que los atentados en la minera Poderosa no quedarán impunes y que su gobierno enfrentará con firmeza a los grupos delictivos vinculados a la minería ilegal.

“Lo ocurrido en Pataz en estos días tendrá consecuencias desde nuestro gobierno. Acá no hay espacio para la minería ilegal que destruye nuestros bosques, contamina nuestros ríos y quiere perjudicar nuestra inversión", advirtió Boluarte.

En tanto, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García, informó que se ha dispuesto la activación de una división policial en Pataz, así como la creación de puestos de vigilancia para fiscalizar el ingreso y salida de materiales y maquinarias en esa zona.

Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa, denunció la falta de intervenciones efectivas por parte de la Policía Nacional. “Hace más de medio año que no hemos visto ninguna acción concreta contra la minería ilegal, a pesar de tener identificadas las bocaminas y las plantas ilegales. La Policía se limita a patrullar sin intervenir directamente”, aseguró.

NO HA CAMBIADO NADA

La preocupación también es mayor en Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz. “Hacemos un pedido al Ministerio del Interior para rediseñar las estrategias, enviar a servicio de inteligencia para establecer quienes están detrás de estos atentados, tenemos que llegar a los culpables”, indicó

Dijo que desde el año pasado cuando 9 trabajadores de la minera Poderosa fueron victimados “no ha cambiado nada”. Incluso manifestó que “a veces da que pensar que al Estado les conviene que haya zozobra”.

A su juicio se necesita labores de inteligencia, personal capacitado y preparado para identificar a las organizaciones criminales, a las personas asesinadas, a los desaparecidos, a las fosas común.

“El pueblo necesita respuesta técnica, con resultados, con un plan claro, hasta ahora no se ha identificado cuales son las bandas criminales, quienes la integran, esto es preocupante, pues nos hace entender que la PNP no tiene las condiciones para luchar contra la criminalidad. El pueblo se da cuenta por que entonces fracasa la policía, la fiscalía, el Poder Judicial. Espero que esto no se salga de control y sea el pueblo el que termine haciendo justicia con sus propias manos”, enfatizó.