Rutas de Lima responde al Tribunal Constitucional tras ordenar suspender peaje en Puente Piedra
La concesionaria se pronunció enérgicamente ante la decisión del TC, calificándola de arbitraria y denunciando una supuesta vulneración a sus derechos contractuales.
En un giro legal que impacta directamente en la dinámica vial de Puente Piedra, el Tribunal Constitucional emitió el último viernes 8 de marzo una fallo unánime ordenando a Rutas de Lima SAC suspender el cobro del peaje en dicha zona. La medida, fundamentada en vulneraciones al derecho fundamental al libre tránsito, ha generado una pronta respuesta por parte de la concesionaria.
¿Qué dijo Rutas de Lima sobre el TC?
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, Rutas de Lima SAC se pronunció de manera contundente frente al fallo del Tribunal Constitucional. En el documento, la empresa califica la sentencia como "arbitraria" y manifiesta que vulnera sus derechos bajo el Contrato de Concesión, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales.
La empresa señala que la resolución del TC establece un precedente jurídico perjudicial para los inversionistas y titulares de concesiones en el país, generando un clima de inseguridad jurídica. Además, resalta que, a pesar de fallos previos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras cortes peruanas que identifican rutas alternas, el TC no ha tenido en cuenta estas consideraciones.
Rutas de Lima denuncia un contexto de hostilización sistemática por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Defensoría del Pueblo y otros actores políticos, liderados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La empresa sostiene que esta campaña busca politizar una discusión que, según su perspectiva, es eminentemente legal.
En el comunicado, la concesionaria advierte que se reserva el derecho de emprender acciones legales a nivel local e internacional para defender sus derechos frente a lo que consideran una decisión arbitraria por parte del Tribunal Constitucional.
Comunicado de Brookfield sobre la sentencia del TC
Brookfield emitió un comunicado en el que rechaza la sentencia arbitraria emitida por el Tribunal Constitucional Peruano, la cual se produjo en el contexto de un proceso de Habeas Corpus contra Rutas de Lima S.A.C. (RDL) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Brookfield advierte sobre los graves efectos de esta acción injustificada del Estado Peruano en los derechos de su inversión bajo tratados internacionales vigentes.
Como principal accionista de la empresa responsable de la Concesión de Rutas de Lima desde 2016, Brookfield asegura haber actuado siempre de buena fe y cumplido estrictamente todas sus obligaciones legales y contractuales en beneficio de un proyecto que mejora la infraestructura de la capital peruana en favor de sus ciudadanos.
La decisión del TC, según Brookfield, se suma a una serie de acciones hostiles sufridas por RDL en los últimos años, agravándose drásticamente en los últimos meses. La empresa considera esta actuación arbitraria como una violación clara de los derechos y garantías ofrecidos a Brookfield como inversor, despojando a la Concesión de una parte sustancial de los ingresos necesarios para mantenerla. Brookfield sostiene que la sentencia desconoce garantías a la inversión, laudos arbitrales internacionales y excede la competencia del TC, vulnerando el debido proceso y afectando derechos adquiridos.
La empresa se reserva el derecho de recurrir a instancias internacionales competentes para proteger sus derechos en respuesta a lo ocurrido, considerando no solo una grave afectación a un inversionista, sino a la inversión en el Perú.
¿Cuál fue el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de los peajes en Puente Piedra?
La decisión emanada del Expediente N° 01072-2023-PHC/TC resalta dos puntos fundamentales: la importancia de esclarecer las circunstancias que rodearon el contrato de concesión del peaje y el impacto desproporcionado en el derecho al libre tránsito de los residentes de Puente Piedra.
En el comunicado se subraya la carencia de rutas alternativas adecuadas, lo que obliga a los habitantes de Puente Piedra a realizar desplazamientos incómodos y extensos para moverse dentro o salir de su distrito. La vía sugerida como alternativa, lejos de mejorar la situación, presenta serias limitaciones en su capacidad para manejar un flujo vehicular elevado, lo que la descarta como una opción viable.
El documento también destaca que la falta de rutas alternativas ha generado restricciones en la movilidad, ya que los residentes de Puente Piedra deben salir de su distrito y atravesar los distritos de Los Olivos o Carabayllo y Comas, para luego regresar a Puente Piedra por la Panamericana Norte, afectando así su calidad de vida.
