Proponen 298 pruebas en pedido de prisión contra cinco militares
Juez dará a conocer su decisión sobre prisión preventiva contra oficiales y suboficiales del Ejército peruano. La Fiscalía se reafirmó en tres hechos que demostrarían contrataciones irregulares para transportar combustible.
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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria continuó ayer la audiencia donde se debate y, después, se dará a conocer la decisión sobre el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra el general de brigada EP Henry Mario Acosta Bernuy, jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército de Piura y otros cuatro investigados, por el presunto delito de colusión agravada. El juez Reynaldo Leonardo Carrillo llevó a cabo ayer desde las 8.30 a.m. la segunda audiencia de la medida restrictiva solicitada por el fiscal José Guevara Gilarmas contra los cinco militares. La sesión empezó el último jueves al promediar las 4.30 p.m. Se espera que el magistrado emita un fallo a más tardar este fi n de semana.
La Fiscalía ha planteado hasta 298 medios de prueba, entre los que se incluyen testimonios, pericias contables, actas de conformidad y otros elementos documentales. Además de Acosta Bernuy, el pedido de prisión preventiva incluye al mayor EP Marco Antonio Ramos Viera, el técnico EP Marco Antonio Castillo Arteaga, la mayor EP Sarita Coral Yurissan Cornejo Sangama y el comandante EP Cristian Saúl Jaime Torres. Esta última persona se encuentra en libertad. Antes de iniciar la sesión judicial, Acosta Bernuy y otros procesados fueron desplazados desde la carceleta al segundo piso del Poder Judicial.
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En un vídeo publicado por Exitosa Noticia, el mencionado militar deslindó tener responsabilidad y aclaró que se demostrará su inocencia. A lo largo de la audiencia de ayer, el fiscal Guevara presentó pruebas documentales, testimonios y pericias para sustentar que contra los investigados hay graves y fundados elementos de convicción en los servicios de carga de combustible y contratación del servicio de transporte, durante las elecciones regionales y municipales de 2022.
El primer hecho imputado es el servicio de transporte y traslado de combustible diésel B5, por S/13 458, 37; mientras un segundo hecho es la contratación del servicio de transporte y carga de combustible, por S/38 685,40, para la segunda vuelta de las elecciones regionales, el 4 de diciembre de 2022. Un tercer presupuesto es también el servicio de transporte y abastecimiento de combustible, por S/10 328,50, para la segunda vuelta electoral. La tesis del Ministerio Pública apunta a que Acosta Bernuy, al igual que los otros procesados, habrían actuado de manera concertada con Jherson Aguilar Quispe, gerente de Jharut Energy Gas EIRL, en la contratación de los servicios de transporte y traslado de combustibles (fletes), los cuales han sido divididos en los tres hechos descritos.
