Arequipa: empresas que ejecutan obra Bicentenario están inhabilitadas

La obra del intercambio vial Bicentenario en Arequipa está paralizada desde noviembre del 2022, debido a la pretensión de la suscripción de una nueva adenda al contrato del proyecto: la número 11. La Contraloría encontró una serie de deficiencias y no la aprobó el año pasado.

El último lunes, la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez envió el expediente con las observaciones levantadas para que la Contraloría dé el visto bueno y el proyecto continúe.
Sin embargo, la situación del consorcio Arequipa Moderna, que tiene a su cargo la obra, no es la mejor. El consorcio está integrado por las empresas Marquisa S.A.C. Contratistas Generales y M.C.M. Ingenieros S.R.L.

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Las dos empresas figuran con sanciones para contratar con el Estado que les fueron impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). El 8 de febrero terminó la sanción para Marquisa, pero para M.C.M. Ingenieros, el castigo recién comenzó el 19 de enero de este año y culminará en abril del 2026.

Las sanciones

M.C.M. Ingenieros S.R.L. fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, mediante la resolución 0096-2023-TCE-S4, con 39 meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, de contratar con el Estado y para extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco.

El motivo, según el referido Tribunal, es que como parte de otro consorcio denominado MOLITEC, en el año 2018 fue parte de la presentación de documentación falsa e incumplió injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. Todo ello ocurrió en la adjudicación de un contrato para el servicio de mantenimiento de una trocha carrozable en el distrito de Suykutambo en la provincia cusqueña de Espinar.

De acuerdo a la revisión del caso, el referido consorcio presentó cartas de compromiso del personal clave para esa obra adulteradas. Este es uno de los documentos que las entidades gubernamentales toman en cuenta para dar la buena pro y suscribir el contrato.

En este caso, según el Tribunal del OSCE, en las cartas de compromiso legalizadas en la notaría de Carlos Somocurcio Alarcón tienen un sello que es verdadero, pero la firma del referido notario fue adulterada. Esto se concluyó luego de que Somocurcio fue consultado por el Tribunal respecto a la veracidad de los documentos, reconoció los sellos, pero contestó que la firma no le correspondía.

Además, uno de los supuestos profesionales propuestos por el consorcio, del que presentaron una carta de compromiso, declaró que nunca suscribió dicho documento. Por ello, y por no haber subsanado algunos documentos para el contrato, es que fue inhabilitada por 39 meses que se comenzaron a contabilizar desde el 19 de enero del 2023 y va hasta el 16 de abril del 2026.

Caso Marquisa

A Marquisa las sanciones que le impusieron fueron dos: una del 14 de setiembre del 2021 al 14 de febrero del 2022: y la otra del 8 de setiembre del 2022 hasta el 8 de febrero del 2023. Recientemente se cumplió.

En el caso de la primera fue por un proyecto en el que formó parte del Consorcio Infraestructura Vial. La sanción fue inhabilitación temporal por 5 meses para contratar con el estado, participar en procedimientos de selección. En este caso, la causa fue la presentación de un certificado y una constancia de trabajo adulterados de un ingeniero. Según el Tribunal, el consorcio dio estos documentos para cumplir con las bases del procedimiento de selección

En la segunda sanción, que también fue de inhabilitación temporal por 5 meses, se debe a que según el Tribunal, la empresa que formaba parte del consorcio San Miguel ocasionó que se resuelva el contrato convocado por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas para la obra centro de mantenimiento aeronáutico del Ejército en La Joya.

Respecto a la situación del consorcio, La República consultó a funcionarios de la municipalidad, pero estos evitaron pronunciarse.

Sancionadas pueden continuar ejecutando obra

El abogado especialista en contrataciones del Estado, Roberto Benavides Pontex, explicó que debido a que ambas empresas fueron sancionadas después de la suscripción del contrato con la Municipalidad de Arequipa en el año 2021, pueden seguir ejecutando la obra pese a su sanción

Esto debido a que el otorgamiento de la buena pro al consorcio fue el 23 de abril del 2021 y las sanciones impuestas fueron después de esa fecha. Benavides indicó que las empresas estaban habilitadas; sin embargo “da luces de cómo son las empresas y su comportamiento”. “Hay diversos grados de sanción, una cosa es que no vayas a firmar contrato y otra que engañes al Estado. Eso es grave” concluyó.