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La crisis golpea y ollas comunes siguen esperando alimentos

Pese a ley y reglamento. Continúan dependiendo de sus ingresos y donaciones. Alza de precios pone en peligro su funcionamiento. Ley aprobada está siendo implementada y apoyo directo recién se daría en agosto.

Gran apoyo. Las ollas comunes atienden las necesidades de 250 mil peruanos que viven en extrema pobreza. Algunos pagan hasta S/3 por la comida, pero muchos la reciben gratis. Foto: Antonio Melgarejo/La República
Gran apoyo. Las ollas comunes atienden las necesidades de 250 mil peruanos que viven en extrema pobreza. Algunos pagan hasta S/3 por la comida, pero muchos la reciben gratis. Foto: Antonio Melgarejo/La República
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Denisse Torrico

Herminalda Fabiana camina 40 minutos para recoger el almuerzo que ella y sus dos hermanos, ambos con discapacidad, comen a diario gracias a la olla común Plataforma Buena Vista, ubicada en la Asociación Pro Vivienda Manchay, en Pachacámac. Ella no paga su ración de comida ya que es uno de los tantos casos sociales que existen entre las más de 60 organizaciones que funcionan en este distrito.

En todo el país hay 2.900 ollas comunes que atienden a 250 mil personas. En Lima funcionan 2.300 y los distritos que tienen más organizaciones son San Juan de Lurigancho (520) y Villa María del Triunfo (427). Desde el inicio de la pandemia y debido a la crisis económica, la situación de las ollas es crítica y se pone en peligro a miles de personas como Herminalda.

El drama es casi similar en todas las ollas comunes. Todos los días las dirigentes deben batallar contra la falta de alimentos, la distancia, el alza de precios y la carencia de agua potable. Según cuenta Antonia Rojas, a diario pagan hasta S/15 para trasladar los productos que requieren para cocinar.

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“No tenemos refrigeradora, por lo que debemos ir todos los días al mercado y comprar solo para el día. Eso sale más caro”, comenta. Y agrega que han tenido que reemplazar la carne por menudencia y ensaladas, así como el gas por la leña.

Por ello, hace dos meses, el 26 de abril, se publicó la ley n.° 31458 de ollas comunes, la cual las reconoce como organizaciones sociales y otorga un presupuesto para su mantenimiento. Un mes y medio después, el 9 de junio, se aprobó el reglamento que establece la modalidad para repartir alimentos a estas organizaciones.

Manchay. Más de 60 ollas comunes funcionan en el distrito. Foto: Antonio Melgarejo/La República

La entrega de estos productos se realizará en forma mensual con un presupuesto de al menos S/96.834,634, dice la norma y su reglamento. No obstante, el respaldo económico solo permanece en el papel. Eso es lo que preocupa a Rosa Sampertegui, quien desde que se aprobó la ley no ha recibido ayuda para su olla Central Buena Vista. “Lo que compramos es todo con recursos de la olla, porque no tenemos apoyo”, comenta. Y agrega que algunos municipios utilizan esta tarea para hacer proselitismo político, por lo que cuestiona que sean ellos los autorizados a distribuir los alimentos.

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Adicional a este reglamento, el Ejecutivo aprobó hace dos días un decreto donde establece medidas extraordinarias y la modalidad en la que estas organizaciones serán registradas ante sus municipios. Así, las ollas comunes deberán estar registradas en el Sistema Informático proporcionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Además, deberán tener como mínimo quince beneficiarios y al menos una representante acreditada ante la comuna.

Para Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, estas medidas son insuficientes, pues las organizaciones esperaban un presupuesto de al menos 125 millones de soles. Afirma que tanto la ley como el reglamento deberán ser implementados y eso tardará.

“Lo que se necesita es que se trabajen en las observaciones y así las ollas comunes puedan beneficiarse”, comentó. Ella pide que la entrega de alimentos sea directa y que los recursos se otorguen mediante una tarjeta o que sea Midis con apoyo del Ejército quien lo haga.

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Pero ¿cuándo recibirán realmente el apoyo las ollas comunes? Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la implementación del reglamento de la ley de ollas comunes está en proceso. Por ello, a la fecha, 80 distritos de 14 departamentos vienen avanzando con el registro nominal de los usuarios de estas organizaciones, alcanzando un 74% de avance. El plazo para este proceso vence el 18 de julio, por lo que desde agosto se debería iniciar con la distribución de alimentos.

Se tiene proyectado entregar 112 toneladas en canastas conformadas por aceite, arroz, arveja partida, azúcar rubia, conserva de pescado en aceite vegetal, fideos, frijol, hojuelas de avena con quinua y lenteja.

Pero el hambre no conoce de tiempos ni plazos. Para Rosa Gil, vicepresidenta de la Red de Ollas de Pachacámac, es fundamental que se cumpla rápido el reglamento. Y es que no les basta el poco dinero que reúnen diariamente. A pesar de que han tenido que elevar el monto de cada plato de comida, a S/3 en promedio, se ven obligadas a organizar otras actividades para pagar hasta S/60 por un balón de gas, o incluso para liquidar las deudas que tienen con algunas bodegas. Cabe mencionar que la inflación en el Perú llegó al 9.32% en junio, una de las cifras más altas en los últimos 25 años, según el INEI.

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“Se promulgan muchas leyes y muchos decretos, pero en realidad no saben lo que pasamos. Queremos que nos visiten cuando estamos en crisis. Todo está elevado. Es un caos total y quienes se perjudican son las personas vulnerables”, explica.

Las cerca de tres mil ollas comunes piden auxilio para sobrevivir y seguir brindando ayuda a los más necesitados. Y requieren más allá de leyes y reglamentos.

Crisis. El menú ha cambiado en las ollas comunes. Hoy se sirve cereales en vez de carne. Foto: Antonio Melgarejo/La República

El apoyo a los vulnerables

En un intento por ayudar a quienes más lo necesitan, y en el marco del DL n.° 1472, el Midis viene entregando alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, y algunos gobiernos locales, en cumplimiento de la ley n.° 31126, han realizado la entrega de canastas alimentarias a las ollas comunes.

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En el año 2021, Qali Warma entregó 2.8 millones de canastas de alimentos en beneficio de 1.4 millones de personas.

Para este fin se destinó un presupuesto de 177 millones de soles. Asimismo, durante el primer semestre de 2022, con un presupuesto de más de 54 millones de soles, se entregó 580.000 canastas de alimentos a más de 382.000 personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas las ollas comunes, incrementando las raciones entregadas que pasaron de 5 a 11 kilos, incluyendo el aceite, el azúcar y el arroz. Toda ayuda es buena, pero hace falta más.

Reglamento no permite atención rápida a las ollas

Enfoque. Pamela Bustamante, exministra del Midis

Las ollas comunes se conforman a raíz de la pandemia y la necesidad de alimentación que tienen las familias más vulnerables. Sin embargo, creo que la apuesta del Estado, tanto del Legislativo y el Ejecutivo, debería apuntar en que mientras se mantenga la crisis, estas organizaciones formen parte del sistema de alimentación complementaria, es decir, que pasen a la red de comedores populares y así garantizar que tengan alimentos que cocinar.

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Corresponde que el gobierno tome una decisión clara de qué tratamiento le va a dar alas ollas comunes porque hasta el momento lo que se tiene un reglamento que no garantiza la entrega de alimentos ni permite dar una atención rápida a las familias más vulnerables. Más bien, lo que señala es que tengan que vender menús o que esperen recibir donaciones de terceros.

Las cifras

  • 3 mil ollas comunes en el Perú. Más de 2.300 están en Lima metropolitana.
  • 96 millones es el presupuesto destinado para comprar alimentos.

Reacciones

Fortunata Palomino, Red de Ollas de Lima

“Saludamos lo aprobado por el Gobierno, pero sentimos que es insuficiente. Seguiremos trabajando porque hay observaciones y puntos importantes que se deben mejorar en la ley y en el reglamento”.

Elvis Pómez, alcalde de Pachacámac

“El reglamento de ollas comunes aún está observado. Pero nosotros (en Pachacámac) ya las habíamos reconocido desde antes que se publique la ley, dándole la formalidad desde junio del 2021″.