Ellas emprenden: mujeres trans crean espacios ante la precariedad y la desidia

La abogada Miluska Luzquiños fue discriminada el día que acudió a una entrevista laboral en el Ministerio Público de Lambayeque, la ciudad norteña donde radica. “Fue una cosa de locos”, se sorprende ahora, al otro lado del teléfono. Aquel episodio volvería a ocurrir la vez que tocó la puerta en una empresa privada, y también cuando acudió a la postulación en una organización de derechos sexuales.

“Ven que eres una mujer trans e inmediatamente te dejan fuera”, continúa Miluska. Como la mayoría de sus compañeras, fue trabajadora sexual. Pero un día, cansada y harta, decidió dejarlo todo para iniciar la carrera de Derecho en la Universidad Señor de Sipán. Se ayudó con el dinero que generaba en una cabina de internet.

Aplazó varios ciclos hasta concluirla. Hoy está al frente de la Casa Trans Zuleymi, llamada así en recuerdo de una adolescente trans que, cuatro años atrás, recibió disparos a quemarropa en la puerta de su casa, ubicada en el distrito más peligroso de la Libertad.

Desde 2017, la Casa Zuleymi —como la de Lima Este y otras en la selva y centro del país— brinda consejería, pruebas rápidas de VIH y capacitaciones de empoderamiento.

Aunque no hay una estadística exacta a nivel nacional —porque la pandemia también discrimina—, se calcula que en Lima y Callao viven 22.500 mujeres trans, de las cuales el 89% no tiene servicios de salud, el 50% abandonó sus estudios, el 10% no tiene DNI y el 70% recurre al trabajo sexual. Viven así: expuestas a otras infecciones de transmisión sexual, a los insultos, a las golpizas de los clientes, de los serenos y de algunos efectivos.

El confinamiento acentuó su precariedad y resaltó la desidia estatal tan atroz en la última década, donde se plantearon seis proyectos de ley para reconocer sus derechos, pero ninguno fue aprobado. De acuerdo a IPSOS, el 40% de peruanos contrataría a una persona trans; sin embargo, según la Universidad Cayetano Heredia, apenas un 3% de este colectivo accede a un empleo formal.

Esta historia es sobre mujeres que, negada su autonomía, enfrentan esa indiferencia en medio de la crisis.

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—Te juro que ya no sabía qué hacer o qué malabares inventarme: era demoledor.

Yefri Peña dirige la Casa Trans de Lima Este, creada en diciembre de 2019 y convertida ahora en una productora textil. Lleva una década de activismo tras sobrevivir a dos intentos de asesinato, el primero en 2007 y el segundo en 2018. Luego de que archivaran su denuncia, entabló un juicio contra el Estado Peruano ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Ese odio es ahora una cicatriz que recorre su rostro, una marca de la resistencia.

—Pero esta semana recibí la noticia y estoy feliz, feliz. No te voy a mentir que estoy feliz —Yefri habla entre pausas, la voz monocorde.

Con ayuda de la ONG Presente y un Fondo de la Embajada de Canadá para Perú y Bolivia, 10 integrantes de su Casa crearán una marca textil para confeccionar mascarillas y prendas de vestir. La primera colección ya tiene nombre, “Fashion Kit Covid”, y tendrá diseños para prevenir el contagio.

Desde hace una semana, además, vienen recibiendo un taller de costura a cargo de la modista Rosa Chávez, quien también integra el refugio de la calle César Vallejo, en Ate Vitarte. Aquí también vive Anayeli Silva, nacida en Uchiza, provincia de Tocache, y desplazada a los 16 por el terrorismo que aniquiló a su madre. Hoy tiene 35 años y por primera vez, dice, se siente “útil”, “capaz”, “comprendida”.

“El reto es volverse autosostenibles en un tiempo en que hay esfuerzos desarticulados —apunta Gabriel de la Cruz, director de Presente y aliado del emprendimiento—. El Ministerio de la Mujer ha incorporado una mesa de trabajo de mujeres trans; el de Justicia ha hablado de ellas; el de Salud emitió una norma técnica sobre VIH para población trans femenina. Pero sigue siendo insuficiente por esa falta de política transversal”.

Por esa falta de política transversal y, sobre todo, por algo fundamental: “El primer paso para hablar de inserción laboral es dar viabilidad a la Ley de Identidad de Género, que lleva cuatro años dormida —define Miluska Luzquiños—; es decir, que el Estado nos reconozca de acuerdo a la identidad autopercibida”.

Con ello se garantizaría el acceso íntegro a los servicios de salud, a los programas gubernamentales y, por supuesto, al cupo laboral. “Con nosotras sucede una traba estructural: muchas dejan la escuela a temprana edad porque son discriminadas, huyen de casa y con ello, pierden la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida”.

Miluska, por su parte, ha propiciado que 16 mujeres y dos chicos trans reciban, a través de YMCA Perú, un capital semilla de 300 dólares para emprendimientos propios en Lambayeque. Los beneficiados ya implementaron talleres para confeccionar barbijos y el servicio de venta a domicilio o por internet. “Es un primer paso, sí; puede servir como buenas prácticas, también; ¿pero qué hay del resto, de las miles que no se cuentan?”, cuestiona la activista y representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans en el país.

Desde que empezó la vorágine, Miluska ha gestionado unos 2.100 bonos de alimentación para regiones de la sierra y selva, conoce cómo han sobrevivido sus compañeras del Centro de Lima —a punto de ollas comunes y caridad—; esa ferocidad que les salpicada cada vez que salen a vender comida. “En Lima, en el norte, en la selva o el sur es igual: no lo compran porque la cocinaron mujeres trans —dice Jana Villayzan, fundadora de la Red Trans Peruana—. Otra vez esa discriminación histórica que nos hace ver como seres etéreos”.

La Red está presente desde hace dos décadas en 20 ciudades y fue la primera en realizar estudios sociales y epidemiológicos sobre el VIH en la comunidad trans peruana. Jana es educadora con una maestría en Salud Pública y mención en género, sexualidad y salud reproductiva. Desconoce si al menos una de sus compañeras fue beneficiada con el bono estatal, al menos una sola.

“Han quedado fuera por la simple razón de que no existen en los padrones del Estado —explica Alfonso Silva Santisteban, director de Proyecto ÚNICXS de la Universidad Peruana Cayetano Heredia—. Y, sin embargo, son perseguidas, criminalizadas, excluidas”.

“Ni siquiera somos una cifra exacta, un número real”, suspira Miluska. Y es verdad: la pandemia también impidió la ejecución de un censo nacional coordinado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ahora se ha pospuesto para mediados del próximo año. De ellas se habla sin convicción, casi a regañadientes.

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Luisa Revilla fue la primera regidora trans del país y la única integrante que ha logrado esa representatividad. Desde que asumió en 2015, reparte el 75% de su sueldo a personas de extrema pobreza y a sus compañeras de La Libertad. “Todos lo saben, porque he comido mier** —dice—. Sé a qué sabe”.

La llaman “ángel”, pero también una “mujer bomba”: se abrió paso en el partido liderado por un coronel (Elidio Espinoza) y un evangélico (Daniel Marcelo), regaló preservativos en las sesiones donde murmuraban que “prostituiría el municipio” —y redujo la incidencia del VIH en la zona—, se “rebeló contra todos” para incorporar al trabajo a una docena de sus compañeras, pero sobre todo educó a los medios locales que le dedicaban titulares machistas en primeras plana.

Ahora son un exótico recuerdo que le arranca carcajadas. “¿Regidor o regidora? Eso puso el diario más leído; hombre vestido de mujer. Fue terrible. No sé de dónde saqué fuerzas para lidiar con eso”, ríe Luisa.

Una encuesta del INEI publicada en 2017 reveló que el 61% de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales cuenta con educación superior universitaria. Hubo 12.025 participantes, pero no hace mención en específico al colectivo trans. La organización de Luisa, por ejemplo, ha identificado unas 1.000 compañeras en su región, de las cuales 100 son agremiadas. Se dedican, en este orden, al trabajo sexual, al estilismo, a la decoración, al servicio de cocina.

Una de ellas es Azul Rojas Marín, quien trabaja en un restaurante de La Libertad. Doce años atrás, una noche de febrero de 2008, fue intervenida arbitrariamente por tres policías: le pidieron su DNI (entonces se identificaba como gay), la obligaron a subir al vehículo y después la recluyeron en la comisaría de Casa Grande, donde la ultrajaron. La Justicia desistió de escucharla cuando los denunció. El caso fue archivado y, desde entonces, ella se dedicó a escapar.

El mismo mes en que el Perú, ante la expansión del coronavirus, implementaba el Pico y Género y el presidente Martín Vizcarra ponía a las mujeres trans en la agenda pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia histórica: por primera vez, culpó a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima trans.

Es el final de su jornada cuando Azul atiende a La República. No quiere opinar más. Ya se cansó. “Ojalá algún día dejen de mirarnos con los ojos lastimados y pueda tener un local propio, mostrar que tengo el arte en las manos —dice—: lo heredé de mi madre, ¿ves? Siempre le rezo para que salgan bien las cosas”.

“Y van a salir bien las cosas”, mentí.

Este reportaje fue realizado con la colaboración de Irene Ignacio y Johana Perleche.